21 de mayo de 2018 20:41

Andrés Michelena: ‘No se creará una miniSupercom’

Conversatorio Andrés Michelena, secretario de Comunicación, con medios de comunicación. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Política

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El presidente Lenín Moreno enviará una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de si la comunicación es servicio público o no. Este concepto fue introducido en las enmiendas a la Constitución aprobadas en diciembre del 2015, lo que generó rechazo de organizaciones y gremios periodísticos porque se consideran que es un derecho humano.

El pronunciamiento de la CIDH entrará al ordenamiento jurídico ecuatoriano a lo que se acogerá la Constitución y las nomas inferiores.

“Nos apegaríamos a ese pronunciamiento, no necesariamente para hacer una reforma a la Constitución, cualquiera que sea el pronunciamiento de la Corte Interamericana entraría en la normativa jurídica ecuatoriana”. Así lo explicó Edison Toro, coordinador jurídico de la Secretaría de Comunicación (Secom).

El funcionario acompañó al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, durante un conversatorio con medios de comunicación para informar los detalles del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación (LOC) que se presentó este lunes (21 de mayo del 2018) a la Asamblea Nacional.

Esta consulta a la CIDH se hará paralelamente al trámite del proyecto en el Legislativo. Michelena hizo un llamado a las bancadas políticas para que den mayor agilidad al trámite y espera que se conforme una comisión ocasional para el análisis. Señaló que las reformas a la LOC, junto a las reformas económicas, que se enviarán esta semana, son dos temas prioritarios para el presidente Lenín Moreno.

Si bien el proyecto propone la eliminación de la Supercom, el Secretario de Comunicación informó que el Gobierno enviará en los próximos días una terna al Consejo de Participación Transitorio para el nombramiento del nuevo Superintendente.

Ese funcionario se encargará de liquidar a la entidad y revisará los casos que tramitó la Supercom. Tendrá la potestad de anular los actos administrativos en contra de los medios de comunicación en “caso de que se haya violentado los derechos de los ciudadanos y de los medios”, dijo Michelena.

El nuevo superintendente tendrá que revisar todo lo que se ha hecho, hacer análisis con las autoridades correspondientes y que se enmarque dentro de la ley, revisar los bienes inmuebles y el personal humano que pueda reforzar la Defensoría del Pueblo que, según el proyecto, tramitará las quejas contra los medios, o el Cordicom.

“El objetivo no es crear una miSupercom ni en la Defensoría ni en el Cordicom, sino tener solo lo necesario en recursos humanos y bienes”, señaló Michelena.

La Defensoría del Pueblo tendrá la facultad de otorgar medidas de protección y activar el patrocinio o solicitar el juzgamiento al juez competente, en caso de que se requiera ir a otra instancia para establecer sanciones económicas contra los medios, explicó Toro.

Danilo Silva, presidente del Cordicom, explicó que la Defensoría deberá hacer un análisis de cada caso para establecer los posibles derechos que se vulneraron. “Lo de fondo es analizar si al ejercer la libertad de expresión hubo un abuso y se vulneró otro derecho”.

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