Los rostros de los jóvenes cuyo paradero se desconoce desde septiembre han sido reproducidos por artistas en el lugar. Foto: YURI CORTEZ / AFP
En la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos todo es diferente. Desde hace 120 días los alumnos de Ayotzinapa cambiaron la pluma, el cuaderno de apuntes y los libros para exigir el regreso con vida de los 42 compañeros aún desaparecidos, de los 43 que fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al crimen organizado.
La vida estudiantil se paralizó en su totalidad, y se corre el riesgo de perder el ciclo escolar. Antes del 26 de septiembre, los pasillos de la Normal Rural eran recorridos por los alumnos para cambiar de aula, ir a la zona deportiva, al dormitorio o al campo. A cuatro meses, ahora caminan integrantes de organizaciones que apoyan moralmente a los padres de familia de las víctimas.
Mientras tanto, el trabajo en el campo sigue; si bien luce un poco descuidado, los estudiantes continúan con el cultivo de flor de Cempasúchil, terciopelo, rábano y lechuga.
En la escuela considerada como el semillero de docentes con una ideología socialista, en las aulas el maestro ya no imparte la clase de formación ética, bases filosóficas o la política de México; ahora son utilizadas para alojar a los integrantes de organismos que dan soporte moral al movimiento luego de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
“Aquí se planean todos los movimientos, las marchas, las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes. Se ve algo descuidado, más de lo normal”, comenta uno de los jóvenes.
Si bien no hay clases, los alumnos continúan con sus labores en la crianza del ganado. En las siete hectáreas con las que cuenta la escuela hay espacio para vacas, caballos, conejos y cerdos que sirven también para el sustento.
La piscina, las zonas deportivas y el gimnasio se encuentran abandonados, pero limpios. La cancha cubierta ahora es utilizada como el punto de reunión de los padres de los normalistas. Ahí también se encuentran las 43 butacas de los estudiantes con la foto de su rostro.
En un extenso espacio se observan autobuses que son utilizados por los normalistas para transportarse al interior del estado de Guerrero o hacia el Distrito Federal.
Uno de los jóvenes puntualiza que es mentira que tengan secuestrados a los choferes. Incluso menciona que hay muchos que ya se han sumado a este movimiento.
“Aquí no tenemos secuestrados a los choferes de autobuses foráneos, es mentira. Ellos no son privados de su libertad, se les da de comer, pueden salir cuando quieran, pueden estar en la piscina. Incluso algunos comprenden el movimiento y se han solidarizado”, explica.
Durante el recorrido, explica que en Ayotzinapa a los estudiantes se les siembra “conciencia”, y eso es lo que al Gobierno estatal no le conviene “porque cuando egresemos, muchos nos vamos a ir a las comunidades más apartadas en donde la principal tarea del maestro rural es organizar a su gente y abrirle los ojos de todas las injusticias del Gobierno”.
Cuestión de supervivencia
Por décadas, Ayotzinapa enfrenta la constante lucha de sobrevivir. En el año 2000, el número de matrícula de nuevo ingreso fue de 200 alumnos; con el paso de los años, explica el estudiante -que pidió mantenerse en el anonimato por seguridad-, el ingreso ha disminuido por falta de recursos.
Para el 2007, la matrícula fue de 170 estudiantes, actualmente solo 140 tienen la oportunidad de formar parte de la Normal Rural de Ayotzinapa; de ahí que cada año se manifiesten obstaculizando las vías principales para exigir a las autoridades más dinero.
“Cada año es lo mismo. Tenemos que exigir que el Gobierno estatal abra la convocatoria de nuevo ingreso. El pliego petitorio lo metemos en septiembre y si para el mes de diciembre no la abren nos tenemos que movilizar tomando la Autopista del Sol para presionar, porque, al no haber convocatoria, de esta forma nos podrían cerrar la escuela como lo quieren hacer las autoridades, porque no nos quieren”, señala.
El joven explica la necesidad de salir a “botear”, pues con lo que las autoridades locales proporcionan por cada alumno no es suficiente para cubrir todos los gastos, como la alimentación, el alojamiento y prácticas de campo.
“Ayotzinapa recibía 30 pesos (unos USD 2,05) por cada alumno para sus gastos de cada día, eso no alcanza para nada, pero después del bloqueo del 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, en donde policías mataron a dos de nuestros compañeros, logramos un aumento de 20 pesos. Cada año luchamos porque se nos respete; nuestra lucha es histórica, de cada año y si no ‘boteamos’ no podríamos continuar con los estudios”, menciona.
Agrega que pudieran perder el semestre que se inició en agosto y que tendría que concluir en febrero, “pero es parte de la lucha que mantenemos por nuestros compañeros”.
Los voceros del movimiento, algunos de los familiares de los desaparecidos y alumnos de Ayotzinapa han advertido que, de no localizar con vida a sus compañeros, las actividades educativas no se restablecerán en el recinto.