29 de mayo de 2018 00:00

La meta del Gobierno es llegar a déficit fiscal cero en tres años

Richard Martínez, ministro de Finanzas (c), junto a los titulares del frente económico y productivo, dio detalles del plan.  Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

Richard Martínez, ministro de Finanzas (c), junto a los titulares del frente económico y productivo, dio detalles del plan. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

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Evelyn Tapia Zurita y Diana Serrano

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El Gobierno se puso como meta llegar al 2021 con las cuentas saneadas: cero déficit fiscal.

Para lograrlo, Finanzas tendrá que realizar ajustes al gasto público durante los próximos tres años. Los instrumentos para alcanzar este objetivo están en el proyecto de ley económico urgente presentado por el Ejecutivo el pasado 24 de mayo a la Asamblea.

Ayer, en un evento que reunió a las autoridades del frente económico y productivo, Richard Martínez, ministro de Finanzas, señaló que debido a que la deuda pública sobrepasó el techo del 40% del PIB, permitido por ley, será necesario aplicar primero un plan de estabilización fiscal.

Pablo Zambrano, representante de los industriales, y Ramiro Aguilar, exasambleísta, explican el alcance del proyecto de Ley Económico urgente, en el set de EL COMERCIO.


La deuda pública agregada hasta abril del presente año está en el 48% del PIB, es decir, supera el límite legal.

El plan de equilibrio fiscal consiste en reducir el gasto primario (no incluye el pago de intereses por la deuda pública) durante los próximos tres años hasta que el déficit primario llegue a cero.

El déficit primario es la diferencia entre ingresos y gastos sin tomar en cuenta el costo financiero de la deuda.

Mientras se logra ese equilibrio fiscal no se tomará en cuenta el techo de 40% establecido como límite legal.

Martínez señaló que el ajuste al gasto será de un punto del PIB por año, pero añadió que el presidente Lenín Moreno aún debe validar la cifra.

Según la Pro forma aprobada para el 2018, el déficit primario está en USD 1 568 millones.

Para Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, por el tamaño de la brecha fiscal, es prudente comenzar con un ajuste del gasto primario. “Hacerlo con disciplina nos permitirá acercarnos en mejores condiciones a multilaterales”.

Luego de esta etapa, el proyecto de ley plantea normas para alcanzar la sostenibilidad fiscal, fortalecer las finanzas y reducir la deuda hasta alcanzar un peso del 40% sobre el PIB. En esta fase el presupuesto debe alcanzar superávit.

Una vez que la deuda haya vuelto al límite permitido por ley, no se podrá aprobar presupuestos con déficit primario, según la propuesta.

El documento, además, propone que en esta etapa, los excedentes de la explotación de recursos no renovables se destinen a un fondo de ahorro.

En el campo tributario, la reforma plantea más de 15 incentivos. Entre ellos destacan la exoneración por 10 años del impuesto a la renta para nuevas inversiones en sectores priorizados como metalmecánica, farmacéutica, turismo etc., excepto en Quito y Guayaquil donde el beneficio es de 8 años. En el sector turístico, el beneficio está condicionado a la aprobación del plan por parte del Ministerio del ramo. Hoy el incentivo es de cinco años.

Los servicios de construcción de vivienda de interés social tendrán tarifa 0% del IVA. Para personas naturales hay beneficios como tarifa 0% de IVA para lámparas LED, todo tipo de autos eléctricos (para transporte público y livianos), entre otros.

Martínez explicó que el Fisco no recibirá ingresos extras por la reforma, que deberá tratarse en 30 días en la Asamblea.

Tercera remisión 

Con la reforma el Gobierno propone por tercera vez en la última década una remisión del 100% de intereses, multas y recargos de deudas tributarias, fiscales y aduaneras. También se ha considerado la exoneración de intereses de impuestos vehiculares, de los recargos por no pagar la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, todas con vencimiento al 2 de abril de este año.

La remisión aplicará para intereses, multas y recargos por deudas de servicios básicos de empresas de la Función Ejecutiva. Además, se reducirán intereses, multas y recargos, causados en obligaciones patronales en mora con el IESS.

Ajustes al IR

El proyecto de Ley también plantea reducción de beneficios tributarios. El Gobierno plantea gravar con impuesto a la renta (IR) a la decimotercera y decimocuarta remuneración para personas cuyos ingresos totales por sus actividades económicas sean iguales o superiores a USD 100 000.

Para este segmento también se elimina la deducción de gastos personales para la declaración del tributo. Los contribuyentes actualmente pueden deducir cinco rubros: educación (incluido arte y cultura), vivienda, salud, alimentación y vestimenta. El monto máximo para deducir en este año fue de USD 14 677.

Restricción al BCE

El Gobierno busca prohibir por Ley que el Banco Central del Ecuador (BCE) inyecte liquidez al Ministerio de Finanzas a través de la compra de papeles de deuda.

“En su momento fueron necesarios, pero ahora estamos planteando que el Banco Central no se usará para dar liquidez a Finanzas. Se establecen límites, se prohíbe, ya no se usarán estos instrumentos”, dijo ayer (lunes 28 de mayo del 2018) la gerente del ente, Verónica Artola.

Además, el proyecto precisa que los papeles de corto plazo (vencen en menos de 360 días y se llaman Cetes) no cuenten como deuda únicamente si el dinero es utilizado para el gasto del ejercicio fiscal.

Ajustes a la Minería

La iniciativa legal establece cambios en el pago de las regalías por la explotación de minerales metálicos a gran y mediana escala. El concesionario minero, así como las plantas de beneficio, ya no pagarán una regalía equivalente no menor al 5%, sino que será un porcentaje entre el 5% y el 8%, sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios.

La tarifa se establecerá en un reglamento, según criterios de progresividad, volúmenes de producción y precio de los minerales. También se propone eliminar el pago del 70% del impuesto sobre los ingresos extras o ‘windfall tax’, que se aprobó en el 2013.

Contrato cambia

El paquete de reformas también plantea cambios para fijar la participación del Estado cuando suben los precios del petróleo en los contratos de participación, donde la operación del campo está a cargo y riesgo de la empresa privada. En este tipo de acuerdos la firma opera el campo y entrega al Estado una parte del crudo extraído.

Aunque existe en la Ley, el Ecuador abandonó este contrato en 2010 tras calificarlo de perjudicial. Ahora, el Gobierno propone mejorar el reparto de los excedentes cuando sube el precio del crudo en estos contratos: será proporcional al alza del precio y el beneficio estatal en ningún caso menor al 50%.

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