Redacción Judicial
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Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, aviva la polémica en el Gobierno. No solo por la disputa con el hermano del Jefe de Estado, Fabricio Correa, sino también porque supuestamente trató de influenciar en la justicia.
Una querella pendiente
Fabricio Correa demandó a Alexis Mera porque supuestamente lo acusó de no haber pagado una deuda con una empresa automotriz.
Correa emplazó al secretario de Transparencia, Alfredo Vera, para que “le ordene a Mera que nos muestre a todos los ciudadanos” su declaración patrimonial. Porque, según dijo, eso es lo que “manda la Ley”.
En enero de 2007, cuando Mera era funcionario secretario de la Presidencia, actuó como representante legal de una empresa chilena en un juicio civil.
Este caso se inició en mayo de 2004. En ese entonces, Mera era delegado de la firma Agrícola Rancho Grande, la cual demandó a la firma ecuatoriana Basesurcorp SA, porque supuestamente no pagó USD 122 754 de una importación de uvas.
El proceso se resolvió en primera instancia a favor de los defendidos de Mera. Luego pasó a la etapa de casación en la Suprema y en enero de 2007, durante el gobierno de Rafael Correa, los ex jueces de la Primera Sala Civil, Mauro Terán y Héctor Cabrera; y el conjuez Manuel Sánchez fallaron contra la empresa chilena.
Para no aceptar la casación, los magistrados aseguraron que Mera “ha actuado como falso procurador, porque no se ha demostrado su delegación. En el proceso se ha cometido el vicio de ilegitimidad de personería que, según lo que dispone el art. 346 numeral tres del Código de Procedimiento Civil, produce su nulidad”.
Este caso fue denunciado ayer por Fabricio Correa, en una entrevista con Teleamazonas. “El 15 de enero de 2007, Mera dijo que al integrar este Gobierno no iba a ejercer su profesión. Pero no fue así. Incluso se le acusó de ser falso procurador”,
Mera se defendió de la acusación de los ex magistrados. Su principal argumento fue una escritura pública, con fecha 24 de febrero de 2004, en la cual “protocolizó el mandato judicial que otorga Agrícola Rancho Blanco a favor de Alexis Mera y otros”.
Mantuvo esa delegación hasta 2008, cuando ya cumplía funciones en la Presidencia. En febrero de ese año, Mera presentó una impugnación en contra del ex conjuez Sánchez.
Él era candidato a ocupar la vacante de la Primera Sala Civil, pero fue descalificado por la comisión calificadora por una supuesta falta de probidad.
En la impugnación, Mera recoge la sentencia que emitieron Sánchez y los otros jueces. Él alegó que sí era el representante de la compañía y que no tomaron en cuenta que el poder fue autentificado por los representantes consulares de Ecuador y de Chile.
Pero esta no fue la única acusación de Correa. Según él, Mera trata de intervenir en la justicia utilizando su puesto en la Presidencia de la República.
Un ejemplo de ello – afirmó- fue la queja que presentó en contra del abogado Guido Garzón, porque intervino en el juicio que se inició en Guayaquil por la ubicación de los casinos.
“Alexis Mera, utilizando papelería de la Presidencia, pide al titular de la Comisión de Quejas de la Judicatura que sancione al abogado”, sostuvo Correa.
Mera es socio del bufete Romero Menéndez. En su portal web se afirma que tiene alianzas internacionales con los consorcios de abogados Alemán, Cordero y Galindo&Lee. Estas firmas están constituidas y trabajan en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Belice y Luxemburgo. “Mera criticó a las empresas que fueron creadas en paraísos fiscales. Pero sus socios estratégicos están en paraísos fiscales”.
Mera estuvo ayer en el Gabinete Itinerante en Pasaje, El Oro. No quiso pronunciase sobre el tema.
Según el hermano del Presidente, Mera forma parte de un “círculo rosa”, que afecta al Gobierno. Además, lo acusó de hacer decretos para “perseguirlo” porque es su “enemigo personal”.
Incluso, lo acusó de no hacer bien su trabajo, pues le hace cometer “cantinfladas” a su hermano Rafael, al emitir un Decreto y luego reformarlo. Ayer, Fabricio Correa presentó una lista de 102 Decretos que fueron emitidos desde 2007 y al poco tiempo fueron reformados o revocados por errores de tipo jurídico.