Equipo periodístico GDA
En los hechos violentos que hoy por hoy sacuden a las capitales latinoamericanas, cada vez están más involucrados jóvenes que no superan los 20 años. En Buenos Aires (Argentina), por ejemplo, casos como el de Daniel Capristo, un camionero de 44 años, padre de cuatro hijos, que fue asesinado de nueve balazos cuando intentó impedir que un ladrón de 14 años le robara el auto, reavivó el debate en el Congreso sobre una nueva ley penal juvenil, que ya cuenta con media sanción.
El 1 de enero de 2009, horas después de haberle dado la bienvenida al año nuevo, Juan Pablo Arenas, un estudiante de comunicación social de una prestigiosa universidad de Bogotá, recibió varias puñaladas que le quitaron la vida después de que intentaron robarle. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, en una zona frecuentada por menores de edad que buscan drogas y alcohol. 12 días después, la Alcaldía Mayor prohibió la venta de alcohol entre las 11 de la noche y las 10 de la mañana, en zonas críticas de la capital. Sin embargo, hace dos semanas, Juan Carlos Arenas, el padre del joven asesinado, recibió con tristeza el reversazo de la medida. “No entiendo por qué si estaba funcionando quitan la norma; debemos hacer algo para proteger a los muchachos”.
Aunque los menores, víctimas o victimarios, son los protagonistas de la oleada de inseguridad de las ciudades, difícilmente autoridades efectúan planes de choque para mitigar el problema. No hay cifras de delitos en este grupo de población, ni claridad en el tipo de sanciones que deben recibir, incluso las políticas para la juventud están al final de las prioridades de los gobiernos locales y con inversiones menores.
La falta de oportunidades, el consumo de drogas y alcohol, la escasez de actividades en espacios de ocio, familias disfuncionales o la simple presión de grupo, llevan a los menores a involucrarse en temas como el narcotráfico o la conformación de bandas delincuenciales que los usan como señuelos porque las leyes son más ‘blandas’ con ellos.
En Lima los reportes de las comisarías de la ciudad revelan que actualmente hay 12 128 personas que integran 483 agrupaciones juveniles violentas, entre pandillas de barrio, escolares y deportivas. Según un estudio policial, el barrista promedio tiene entre 16 y 24 años, no concluyó la secundaria y, si lo hizo, no intentó continuar sus estudios superiores. “Se enfrentan porque dicen que quieren satisfacer un vacío, elevar su autoestima, sentir que valen”, refiere un agente de la comisaría de Apolo, en el distrito de La Victoria, respecto de los barristas.
En Puerto Rico, “todos los estudios sobre delincuencia de menores y criminalidad revelan una estrecha relación con el uso y el tráfico ilegal de drogas”, dice en su libro “El Crimen en Puerto Rico” la profesora Dora Nevares, una de las más destacadas criminólogas del país.