La Policía informó que la madre se contactó con un familiar y que fijaron como punto de encuentro la vía a Anconcito. Así fue detenida. Foto: Mario Faustos/ELCOMERCIO
Una casa hogar en Guayaquil es por ahora el refugio del niño de 20 meses que estuvo a punto de ser entregado por su padre al propietario de un cyber en el cantón Durán (Guayas), para un presunto delito sexual. Los padres y el menor fueron detenidos el pasado viernes 17 de en Anconcito, en la provincia de Santa Elena.
La Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (Aebi), organismo que presentó la denuncia del caso cuando la madre decidió no continuar con el proceso, pide a las autoridades que una de sus especialistas en psicología clínica pueda acceder al sitio donde se encuentra el niño para brindarle asistencia.
El menor permanecerá en la casa hogar mientras las autoridades evalúan si puede permanecer con algún familiar cercano. La tarde del sábado 18 de mayo de 2019, luego de la audiencia de formulación de cargos, se ordenó la prisión preventiva para sus progenitores.
El fiscal Danny Vizueta está ahora a cargo de la investigación por el supuesto delito de oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, tipificado en el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal. Este se sanciona con prisión de siete a diez años.
El padre y el dueño de cyber fueron detenidos el pasado 3 de mayo, por orden de un fiscal de Durán. La principal evidencia era una conversación vía chat, en la que presuntamente se negociaba la entrega del menor a cambio de USD 40. Un día después el caso pasó a otro fiscal, que dispuso la liberación de ambos por la supuesta falta de pruebas.
El niño regresó con sus padres y desaparecieron. El 9 de mayo el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Durán dispuso la localización y recuperación del menor.
Ayer sábado 18 de mayo de 2019, la Policía informó que la madre se contactó con un familiar y que fijaron como punto de encuentro la vía a Anconcito. Así fue detenida.
Los agentes luego se trasladaron hasta una finca apartada, donde hallaron al padre. El operativo continúa para ubicar al dueño del local, quien tiene otra denuncia porque habría mostrado pornografía a un menor de 9 años de edad, en enero pasado.
Aebi insiste en el análisis del procedimiento en este caso. Y solicitó, nuevamente, que se dicten sanciones por la falta de aplicación de las medidas de protección para el menor a tiempo.
En un comunicado emitido ayer hacen un llamado al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado para “que no existan negligencias” en casos que involucren a menores; y al Consejo de la Judicatura para que “proceda con destitución de los funcionarios que actuaron con negligencia”.
La semana pasada, durante el lanzamiento del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencias, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, recordó que la comisión ocasional Aampetra, de la Asamblea Nacional, hace una revisión del Código de la Niñez y la Adolescencia para su reforma.
“Está en curso pero merecerá una discusión motivada por casos muy graves como los que recogió el informe Aampetra. Ahí justamente se señala la necesidad de manejar un conjunto de normas legales que permitan justicia especializada y fiscales especializados”.