Ocho megaobras requirieron la intervención de la justicia

La Unidad de Fraccionamiento de Craqueo Catalítico, de la Refinería Esmeradas, y un reactor tienen problemas de sobrecalentamiento. Foto: Juan Carlos Perez para EL COMERCIO

La Unidad de Fraccionamiento de Craqueo Catalítico, de la Refinería Esmeradas, y un reactor tienen problemas de sobrecalentamiento. Foto: Juan Carlos Perez para EL COMERCIO

La Unidad de Fraccionamiento de Craqueo Catalítico, de la Refinería Esmeradas, y un reactor tienen problemas de sobrecalentamiento. Foto: Juan Carlos Perez para EL COMERCIO

La situación de ocho megaproyectos impulsados por el Estado muestran inconsistencias que han ameritado la acción de la justicia. EL COMERCIO revisó el estado de cada una y encontró, por ejemplo, que en seis obras -en las que participó Odebrecht- se investigan coimas que van entre USD 1 millón y 7,7 millones. Mientras que en una de las causas abiertas por la Refinería de Esmeraldas ya se establecieron sobornos por USD 11,7 millones.

En cambio, en la planta de licuefacción de Bajo Alto, una Comisión de Petroecuador detectó un perjuicio de USD 46,2 millones para el Estado. El caso está en manos de la justicia.

El sistema judicial, además, procesó al vicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera, al excontralor Carlos Pólit y a otras 15 personas. Ellos son investigados por el delito de asociación ilícita que se habría perpetrado en torno a estos proyectos: Poliducto Pascuales-Cuenca, remoción de tierras en la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, la central Manduriacu y el Trasvase Daule-Vinces.

En cambio, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera es procesado por el millón de dólares que habría recibido de Odebrecht en el proyecto Toachi Pilatón. En esa obra, Ecuador pagó USD 19,4 millones a la constructora brasileña por la apertura de caminos, garantías y estudios, hasta el 2008, cuando fue expulsada del país.

Por ahora, 130 personas han sido señaladas por lo sucedido en los proyectos estratégicos. Los datos revisados por este Diario, además, muestran cómo en seis de las ocho obras revisadas el costo final subió respecto del monto inicial.

En el país hay otras 11 obras que tienen observaciones, aunque no han sido judicializadas.


Otras 11 obras estatales, con problemas o con retrasos

De ocho hidroeléctricas que el anterior Régimen ofreció poner en operación, entre 2015 y 2016, tres se inauguraron y cinco tienen retrasos o están paralizadas. La potencia de estas ocho centrales suma 2 832,4 megavatios (MW); el 72% corresponde a tres hidroeléctricas operativas. La más grande es Coca-Codo Sinclair, seguida de Sopladora y Manduriacu.

Las centrales con demora son: Minas-San Francisco; Toachi-Pilatón; Delsitanisagua; Quijos y Mazar-Dudas. Según el Gobierno anterior, los retrasos se deben a la restricción de recursos por la caída del precio del petróleo. En otros casos, hay problemas geológicos no previsibles o incumplimientos de contratistas.

La Contraloría determinó un perjuicio para el Estado de USD 112,3 millones, en el Coca-Codo Sinclair. Esto se debe, principalmente, a la decisión del gerente subrogante del CocaSinclair EP, de postergar el cobro de penalidades por atrasos en la entrega de la Fase I del proyecto, a la contratista china Sinohy­dro. La Celec explicó, en su momento, que no existió ese retraso y por tanto tampoco perjuicio.

Por otro lado, la empresa australiana Cardno, que compró Caminosca, investigó el supuesto esquema de pago de sobornos que habrían armado los exaccionistas de la firma para beneficiarse de contratos.

Las coimas ascenderían a USD 3 millones y corresponden a tres hidroeléctricas: Sopladora, Toachi-Pilatón y Minas San Francisco, en las que Caminosca fue la fiscalizadora, a través de consorcios. Esto es investigado en un tribunal arbitral en la Florida.

En el sector de vialidad, la Contraloría estableció dos glosas por USD 111 millones en contra de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. Esto, debido a su participación en el contrato para la construcción del acceso norte del aeropuerto Mariscal Sucre, también conocido como la vía Collas-Tababela.
El valor inicial de esta carretera fue de USD 110,2 millones y terminó costando más del doble, sin incluir el costo de la fiscalización.

Otra obra observada es el Sistema de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo Monteverde-El Chorrillo. Presenta 258 fallas. De ellas, el arreglo de dos costaría USD 17 millones y tomaría 330 días. Los problemas se detallan en informes de Beicip Franlab y Worley Parsons.

Un proyecto en el que Ode­brecht intervino inicialmente y luego se le adjudicó a OAS está salpicado de corrupción. Se trata del Multipropósito Baba. Uno de los delatores del caso Lava Jato (Brasil) confesó que OAS habría desviado USD 9,1 millones a través de una consultoría ficticia con la empresa española DSC Workshop.

En el sector educativo se denunció hace poco fallas estructurales en cinco edificios del campus universitario de Yachay Tech.

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