Jueza amplía plazo para ingreso de ciudadanos venezolanos sin pasaporte
Cientos de migrantes venezolanos llegan desde Ecuador al Centro binacional de atención fronteriza en la región norteña de Tumbes (Perú) este 24 de agosto del 2018. Perú espera que unos 20 000 venezolanos golpeen sus puertas este fin de semana, cuando entr
La jueza Judith Naranjo aceptó la acción de medidas cautelares en contra del Acuerdo Ministerial 242 que estableció como requisito la presentación del pasaporte a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país.
En la resolución final, la jueza reconoció que Ecuador garantiza la libre movilidad y ha suscrito varios tratados al respecto. Agregó que la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que para el ingreso y salida del país de ciudadanos sudamericanos sólo deben presentar su cédula de ciudadanía.
La jueza Naranjo aseguró que el Acuerdo Ministerial que entró en vigencia el sábado 18 de agosto no garantizaba el pleno derecho de poder ingresar al país, al exigir el pasaporte.
La acción de medidas cautelares durará 45 días y se suspenderá el requisito de pasaporte. En ese tiempo el Ministerio de Movilidad Humana deberá desarrollar un plan integral para regular el flujo migratorio.
COMUNICADO OFICIAL | Sobre las medidas cautelares por el pedido de pasaporte a ciudadanos venezolanos. pic.twitter.com/3exiRKC2iz
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 24 de agosto de 2018
La audiencia convocada para este viernes 24 de agosto del 2018 duró más de cuatro horas. En la parte accionante, estuvieron los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (PUCE).
En su exposición, Gina Benavides, titular encargada de la Defensoría del Pueblo, aseveró que la medida adoptada por el Estado Ecuatoriano vulneraría los derechos a la libre circulación y a migrar. Benavides sostuvo que también se atentaría contra el derecho a solicitar refugio y no se respetaría el principio de no devolución. Agregó que se afectaría el principio del interés superior de los niños y el de la unidad familiar.
Según Benavides, los Acuerdos Ministeriales afectarían a los ciudadanos venezolanos más pobres, que están imposibilitados de obtener un pasaporte.
El Defensor Público Ernesto Pazmiño cuestionó que se haya tomado la medida, con el argumento de garantizar la seguridad de los ciudadanos venezolanos y ecuatorianos. También se refirió al tema de presuntas falsificaciones de cédulas de identidad de Venezuela para poder acceder a territorio ecuatoriano. Este fue uno de los puntos que analizó el Gobierno para solicitar pasaporte. “Los problemas de las garantías de seguridad en los documentos de identidad de Venezuela no son culpa de los ciudadanos”,
manifestó.
Mario Melo, representante del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, apuntó que los acuerdos irían en contra de tratados internacionales, como la Declaración de Cartagena y la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a la migración.
El objetivo de la acción de medidas cautelares era suspender el requerimiento de pasaporte y volver al ingreso con la cédula de ciudadanía y la carta andina.
Por el lado de los demandados, el Viceministro del Interior, Diego Tipán, señaló que es deber del Estado regular la política migratoria y sostuvo que los Acuerdos Ministeriales forman parte de un esfuerzo conjunto de otras instituciones, como los Ministerios de Inclusión Económica y Social y de Salud.
Tipán se refirió a los flujos migratorios y señaló que en el 2018 se elevó en un 497 % el ingreso de ciudadanos venezolanos, con relación al 2016. Agregó que en los controles fronterizos los funcionarios deben enfrentar situaciones complejas, al momento de revisar documentos adulterados.
Agregó que el 40% de venezolanos que decide permanecer en Ecuador ingresó presentando su cédula de identidad. Adujo que exigir pasaporte permite tener una mayor garantía de las personas que ingresan al país y que se busca tener una migración ordenada y segura. “Esto permite combatir delitos como trata y tráfico de personas”.
El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, señaló que el Ecuador ha solicitado al gobierno de Venezuela mejorar y facilitar la emisión de documentos de viaje. Dijo que como Cancillería saben que el flujo migratorio responde a una crisis humanitaria regional. Agregó que para buscar una salida en conjunto se convocó a los representantes de 14 países a un encuentro en Quito, para tratar el tema de la migración de ciudadanos venezolanos.
Chávez refirió que otros países, cómo Perú, Brasil y Chile también han establecido nuevas medidas de control para el ingreso de venezolanos.
Marco Proaño, director de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, pidió a la jueza que sean los Estados los encargados de regular el flujo migratorio.
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