25 de marzo de 2020 00:00

Más medidas de bioseguridad para audiencias de flagrancia

El lunes, en la Unidad de Flagrancia de Loja, los servidores judiciales usaron mascarillas y guantes. Foto: Cortesía Fiscalía

El lunes, en la Unidad de Flagrancia de Loja, los servidores judiciales usaron mascarillas y guantes. Foto: Cortesía Fiscalía

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Daniel Rodríguez Espinoza era fiscal de flagrancia en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. El pasado lunes 23 de marzo de 2020, más de 400 fiscales pronunciaron una oración “por su descanso eterno”. Los agentes se convocaron a las 20:00. Cada uno desde su casa elevó una plegaria. Así, de forma virtual, dijeron adiós a uno de sus compañeros, quien murió por problemas respiratorios tras ser diagnosticado con el virus covid-19. “También pedimos porque en nuestra misión tengamos pocas bajas”, comenta preocupado un fiscal de flagrancia.

Tras la muerte del funcionario, la Fiscalía General extremó las medidas de bioseguridad, sobre todo para los fiscales a cargo de las audiencias de delitos flagrantes. Estos son los únicos procedimientos que no se han paralizado, pese a la emergencia sanitaria declarada por el presidente Lenín Moreno, el pasado 11 de marzo.


En Carchi, Chimborazo y Guayas, los operadores de justicia recibieron kits de bioseguridad, que se componen de un traje o bata aislante, gorro, guantes, mascarilla y protectores para zapatos, similares a los que usan los médicos.

Estos equipos son empleados por los agentes que deben asistir a las audiencias por diversos delitos. Según la Judicatura, las diligencias que más se realizan por ahora son formulaciones de cargos por violación del toque de queda. Desde el martes 17 de marzo hasta la noche del lunes 23, se han realizado 861 audiencias. Solo en Guayas, en donde se concentra el 77% de los contagios del país, se efectuaron 305 diligencias.

En estas intervienen un juez, un fiscal, el sospechoso y su abogado, particular o gratuito.


Desde el sábado último, la Fiscalía dispuso que su personal comparezca a través de videoconferencia. Ahora, la Defensoría Pública busca lo mismo. Ayer, en un comunicado, el defensor público, Ángel Torres Machuca, solicitó al Consejo de la Judicatura que la asistencia de los defensores del Guayas a las audiencias de flagrancia sea vía telemática.

Más tarde, esta misma entidad confirmó que en esa provincia existe un abogado público contagiado con covid-19, quien ahora se encuentra aislado y “recibe tratamiento en su domicilio por disposición médica”, señala el comunicado.

La Defensoría indicó que desde la semana pasada ha proporcionado guantes, mascarillas y gel a sus funcionarios, quienes han realizado 789 patrocinios y 686 audiencias.

Uno de los procedimientos que ejecutan los defensores públicos consiste en mantener una entrevista con los detenidos antes de la audiencia. Se trata de una diligencia reservada, pues allí los sospechosos aceptan ser defendidos y se les indica cuál será la estrategia que se aplicará.

Para la Defensoría, este procedimiento también debería realizarse desde los domicilios de los funcionarios.

En la Unidad de Flagrancia de Quito, los fiscales combinan el teletrabajo con las presentaciones físicas en las audiencias. “No tenemos firma electrónica ni casilleros electrónicos, así que de ley nos toca ir a Flagrancia para despachar todo”; aseguró un funcionario.

Según explica, una parte del trabajo se hace de forma presencial. Las audiencias, en cambio, se llevan a cabo vía telemática, pero en el mismo edificio. El juez y su secretario se los ubica en un piso, en otra planta están el defensor y el detenido y en un tercer piso se encuentra el fiscal. “No estamos juntos, pero sí trabajamos en el mismo lugar y eso ya es un peligro”, indica un fiscal.

Mercy Guzmán, coordinadora general de Gestión de Recursos de la Fiscalía, asegura que diariamente 216 funcionarios de esta entidad realizan un trabajo de atención al público en las unidades de Flagrancia.

Guzmán señala que desde la semana pasada, la Fiscalía ha despachado guantes, mascarillas y batas para los servidores que trabajan directamente con los usuarios de justicia.

“Tenemos ya guantes y mascarillas, cuya entrega se ha priorizado a Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay. También hemos recibido como donación de empresas 300 batas, 4 300 mascarillas y 5 000 guantes, que empezamos a distribuir en otras provincias”.

En la Unidad de Flagrancia de Pedro Carbo, en donde laboraba el fiscal Rodríguez, se realizó una fumigación.

Ayer se conoció una carta firmada por 12 jueces de flagrancia de Guayaquil y dirigida al Presidente de la Corte del Guayas. En la misiva aseguraron que la esposa de Rodríguez, quien también es fiscal, y un juez dieron positivo al virus. Ellos pidieron dirigir las audiencias desde casa.

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