‘Con el grupo de docentes de la Maestría en Transportes de la Pontificia Universidad Católica hemos determinado algunas consideraciones técnicas sobre la medida de restricción que se implementará.
La primera es que el hecho que se reduzca el parque automotor a un 20%, no garantiza que necesariamente vaya a existir una disminución del mismo porcentaje en la demanda. Esto se debe a que una gran cantidad de vehículos circula por una red de calles y avenidas y no en tramos específicos.
Además, se debe considerar que el parque automotor en Quito crece aproximadamente al 8%. Entonces, así la medida restrictiva cumpliera con la meta planteada, máximo en tres años, la ciudad estaría exactamente en la misma situación de partida.
La restricción vehicular es una medida prohibitiva, pero no necesariamente desincentiva del uso del auto privado, ni tampoco obliga a que se cambie el modo de transporte. Experiencias internacionales muestran que la ciudadanía puede llegar a adquirir otro vehículo con el fin de evadir la restricción.
Parecería, entonces, que la medida no contribuiría ni efectiva ni eficazmente a una disminución de la tasa de crecimiento del parque automotor.
De todos modos, hay que rescatar el esfuerzo que está realizando la Municipalidad por poner sobre el tapete el grave problema de movilidad en la ciudad. Se han promovido foros y discusiones sobre el tema. Se ha invitado a universidades para que aporten con posibles soluciones.
Dentro de estas propuestas de solución, a corto plazo, la Maestría en Transportes de la PUCE propone lo siguiente:
Las ordenanzas de la ciudad referentes a permisos de construcción de edificios nuevos debe regular un número máximo de parqueaderos y no mínimo como sucede actualmente. Los estudios de impacto actualmente lo realiza el propio constructor pero deben ser hechos por la Municipalidad.
Se debería crear un impuesto predial a los parqueaderos. Esto generaría un alza considerable en la tarifa por parqueo y el consecuente desincentivo a estacionar por períodos largos’.