53 mil niños sufren de desnutrición crónica en Quito
Ecuador tendrá una nueva marca país
¡Guayllabamba campeón de la colada morada!
Enfrentamientos entre oficialismo y oposición tras e…
¿Niños deberían disfrazarse de El Juego del Calamar …
Sondeo: Esto cuesta pasar un día de feriado en sitio…
Más del 24% de migrantes que llegan a México son ecu…
Penitenciaría aún en descontrol tras un mes de emergencia

Argumentos en contra y a favor del matrimonio civil igualitario se escucharon en la Corte Constitucional

Un grupo de activistas por los derechos de los grupos Glbti ondean la bandera del arcoíris en los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Un grupo de activistas por los derechos de los grupos Glbti ondean la bandera del arcoíris en los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Un grupo de activistas por los derechos de los grupos Glbti ondean la bandera del arcoíris en los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Muy emocionado, casi sin poder hablar, Efraín Soria, activista Glbti de Fundación Equidad, se presentó ante los jueces de la Corte Constitucional. En un primer momento bebió un par de bocados de agua pero, las lágrimas no le permitieron expresarse.

Sollozando, en una segunda oportunidad, reiteró que no solo busca la posibilidad de legalizar la relación con su pareja de 12 años sino garantizar que en el país todos pueden tener garantizados sus derechos. “No es un capricho, el matrimonio civil igualitario no es un privilegio, buscamos ser tratados como cualquier otro ciudadano en Ecuador”.

Desde las 09:32 hasta alrededor de las 14:00, los jueces constitucionales escucharon los argumentos a favor y en contra de que en el país se aplique la Opinión Consultiva CC-24/17 de la Corte IDH, que establece derechos más favorables para la población de Gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexo (Glbti). Entre otros la opción de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, sin reformas a la Constitución o a la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles y Código Civil.

“Buscamos una cultura de paz, en donde todos seamos tratados por igual. Trabajo 18 años en una organización que defiende los derechos Glbti y antes de ayer recibí a una persona de 67 años, vive solo, está abandonado, eso no puede seguir pasando en este país y no es que con el matrimonio civil igualitario se arreglará esta situación, pero ayudará mucho. Solo buscamos es la libertad y la felicidad, el Estado tiene la obligación de protegernos”.

Al inicio de la audiencia, Ramiro Ávila, juez sustentador del caso, hizo unas aclaraciones. “Esta es una consulta de norma, no resolveremos sobre la acción de protección, resolveremos una duda razonable que tiene el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No vamos a resolver el caso, que llegó a esa instancia que es una posible violación de derechos”.

En mayo, Efraín Soria y su pareja Javier Benalcázar acudieron al Registro Civil a intentar casarse y les negaron la posibilidad. Entonces fueron ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que decidió preguntar a la Corte Constitucional (CC), si podían usar la Opinión Consultiva, como solicitaron Soria y Benalcázar.

Efraín Soria (adelante a la derecha) recibe consejo de su abogado Javier Acuña durante la audiencia llevada a cabo en la Corte Constitucional. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Braulio Álvarez, una vez instalada la audiencia pública, en la que se inscribieron para participar unas 38 personas, tomó la palabra de forma sorpresiva. Exigió que se le permita hablar porque “todas las horas que vamos a pasar aquí carecerán de sentido, tengo argumentos sólidos, todo lo que se diga así será nulo”.

Más tarde, cuando tuvo su turno, dijo que ha participado en varias acciones de protección para que se reconozca el matrimonio civil igualitario. “En Cuenca, el juez Ávila patrocinó las primeras demandas de matrimonio homosexual. Su sola presencia conlleva a que la integridad, verticalidad de esta Corte, se menoscabe. Usted fue promotor de estos procesos en Cuenca, Quito y Guayaquil, en donde argumentos y se acogió nuestro punto de vista. ¿Qué sentido tiene participar en esta audiencia cuando quien la dirige está incapacitado?”.

Enseguida, el juez Ávila informó a la sala que hay demandas de recusación en su contra, para que no participe de esta causa, pero él recordó que aún están siendo procesadas. Y de acuerdo al reglamento, la recusación no tiene efectos suspensivos. Por eso sustancia esa audiencia. Recordó que hay causas que tienen plazos legales y este juicio, tramitado por la Corte Provincial de Justicia, se encuentra suspendido y tienen 45 días para responder. “Se está siguiendo como se ofreció el trámite según el orden cronológico por causa”.

Al respecto, la juez constitucional Daniela Salazar le hizo dos preguntas a Álvarez. “Usted señaló que el juez Ávila ha participado en varias causas sobre matrimonio civil igualitario. ¿En alguna de ellas ya era juez cuando participó? El abogado respondió que no. “¿Esta es la causa del señor Efraín Soria y su pareja. ¿Tiene alguna constancia de que el juez Ávila participó en esta causa?”. Álvarez respondió que no. Los presentes, que estaban a favor del matrimonio igualitario sonrieron. Y quienes estaban en contra mostraron molestia.

“Además señaló que para vivir en paz se debe respetar la Constitución de la República, sino nos inclinamos ante la Constitución nos arrodillaremos ante un tirano. La OC no es vincultante porque la Corte IDH ha manifestado que sus opiniones no son vinculantes”.

La abogada y catedrática María Dolores Miño habló en nombre del Observatorio de Derechos y Justicia y la UIDE, que presentaron un amicus curiae a favor de Soria y Benalcázar. 
 
El Ecuador no solo que puede, debe aplicar los criterios esgrimidos en la OC24-17 a nivel interno. Un Estado que es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se obliga no solo a aplicar el texto literal de la Convención sino además debe hacerlo en el sentido que éstos han sido interpretados por la Corte IDH. Este es el principio de “control convencional”, que el tribunal interamericano estableció hace años.

“En la Opinión Consultiva se establece la obligación automática de los estados parte de la Convención de garantizar los derechos de las personas de sexualidad diversa a casarse; lo deben hacer los estados que aún no garantizan ese derecho”.

La defensora del Pueblo, Gina Benavides, también intervino. Ella habló de la necesidad de reconocer una realidad: en el Estado ecuatoriano existen parejas del mismo sexo. “Es una realidad innegable, que no pasa por el reconocimiento jurídico, se fundamenta como toda relación de pareja en un proceso emocional. Ese principio de realidad se quebranta cuando estas personas ven obstaculizados sus derechos en todos los ámbitos, incluso en la visión que se tiene de ellos, por disposiciones jurídicas que no reconocen derechos garantizados en la CADH, como el derecho al matrimonio.

“Todas las personas somos seres humanos y necesitamos ser reconocidos como tales y reconociendo el alcance completo, qué es la dignidad. La Corte Constitucional Colombiana dijo que ellos (los Glbti) tienen derecho a vivir bien, como se quieren y libres de humillaciones“.

Una de las participaciones que mayor atención tuvo fue la de Andrés Dominguez, quien brindó su testimonio. Contó que lleva 13 años de unión con José Emilio, ambos son funcionarios públicos. Y se conocieron desde la universidad y sortearon prejuicios familiares y luego laborales. En principio registraron su unión en una notaría y luego ante el Registro Civil, pero consideran que eso los ubica como “personas de segunda categoría”.
“Nuestros amigos, comentó Dominguez, nos dicen que nosotros somo lo más cercano a un verdadero matrimonio por el tipo de relación que tenemos, trabajamos como un equipo, queremos envejecer juntos y ya tenemos un perrito”.

La Corte Constitucional debe responder a la Corte Provincial de Justicia en un plazo de 45 días, para que en esa instancia se resuelva sobre el caso de Efraín Soria y su pareja, Javier Benalcázar. Afuera del edificio de la 12 de Octubre, en donde se desarrolló la audiencia pública, por un lado, estudiantes de la USFQ y activistas agitaban la bandera multicolor de la diversidad sexual y por otro, grupos contrarios mostraban carteles con frases en contra del aborto y de lo que no quiere Dios.

Suplementos digitales