24 de agosto de 2020 16:29

Matrículas y licencias de conducir eran vendidos ilegalmente por una banda

Víctor Araus, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, informó que el militar contó con la complicidad de un civil que también fue capturado. Foto: Policía Nacional

Víctor Aráus (c), comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, precisó que los ahora procesados utilizaban el sistema informático original de la ANT para cometer los ilícitos. Foto: Archivo Policía Nacional

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Diego Puente

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La presunta organización delictiva operaba en los exteriores del edificio de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en Guayaquil. Cada miembro tenía un rol. Por ejemplo, unos enganchaban a los posibles clientes, otros se encargaban de entrar al sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para cargar la información falsa y otros imprimían y entregaban los documentos a los usuarios. 

Ahora, todo es parte de un proceso legal que se abrió en contra de seis sospechosos de pertenecer a esta organización que fue desarticulada el sábado pasado, 22 de agosto del 2020.

Víctor Aráus, comandante de la zona 8 de la Policía, precisó que los ahora procesados utilizaban el sistema informático original de la ANT para cometer los ilícitos; es decir, la información falsa se cargaba en la plataforma real de la autoridad de tránsito y luego se imprimían los documentos para entregarlos a quienes pagaron por este servicio.

“Se pudo detener a seis personas con todos los elementos técnicos con los que imprimían y otorgaban estos documentos de manera fraudulenta”, dijo Aráus.

Según la Unidad de Inteligencia de la Policía Judicial, la banda ejecutaba sus actividades ilícitas desde hace dos meses. Utilizaba dos inmuebles cerca de las instalaciones de la CTE. Ahí llevaban a los interesados, quienes eran conductores o dueños de automotores interesados en realizar trámites. En esos lugares les daban instrucciones sobre la información que tenían que aportar y en cómo entregar el dinero.

Los policías también allanaron una casa ubicada en el sector de la Nueva Prosperina. Esta estructura funcionaba como una especie de laboratorio para imprimir los documentos falsos y cargar la información al sistema original. Así, los clientes no tenían problemas en controles o en futuros trámites.

El mayor Edmundo Ruiz, jefe provincial de Inteligencia, señaló que el valor por cada documento era de entre USD 50 y USD 100. Luego de realizar los depósitos, la entrega de los documentos tardaba entre 24 y 48 horas.

El operativo se realizó en conjunto con la ANT. Luis Quiroz, director provincial de esta entidad, señaló que una vez con los documentos cargados en el sistema, los usuarios se acercaban a la agencia para pedir certificados. “Estos documentos se emitían y así se daba validez a un trámite irregular que no ha tenido el orden debido”.

Ahora, las autoridades centran sus investigaciones en otros puntos. Por ejemplo, conocer si existían funcionarios de la ANT involucrados en la entrega de las credenciales falsas; saber cuáles fueron los usuarios que realizaron estos trámites por esta vía ilegal y determinar el monto total con el que se perjudicó económicamente al Estado.

Hasta el momento no se sabe la cifra total de los trámites ejecutados mediante este sistema fraudulento.

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