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Pamela Martínez y Laura Terán operaban en un edificio privado de Quito

Ayer, agentes de la Policía también levantaron información en el complejo de la Presidencia de la República.

Ayer, agentes de la Policía también levantaron información en el complejo de la Presidencia de la República.

El viernes 16 de agosto del 2019, agentes de la Policía también levantaron información en el complejo de la Presidencia de la República. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Agentes de Criminalística revisaron el pasado viernes 16 de agosto de 2019 un edificio privado que funciona en el norte de Quito. Tomaron fotografías del ingreso y del segundo piso, en donde funcionan las oficinas 2A y 2B. Según Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, en ese lugar operaba un despacho externo de la Presidencia, en donde trabajaba ella, su asistente Laura Terán y otros abogados, cuyos salarios eran cancelados por la Presidencia, pues constan en la nómina de Carondelet.

La existencia de este sitio se revela en los expedientes judiciales de la Fiscalía General.

Geraldo Pereira de Sousa, exdirector financiero de Odebrecht, por ejemplo, recordó en su declaración que su jefe, José Conceição Santos, le ordenó que en ese lugar entregara sobres de papel a Martínez y así lo hizo. Dijo que allí también vio a Terán.

En la diligencia de este 16 de agosto, los peritos revisaron documentos que reposan en la administración del edificio. Lo hicieron en presencia del coordinador jurídico y del director administrativo de la Presidencia de la República.

Según Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, no se encontraron facturas ni otros registros de que la Presidencia haya pagado las alícuotas o los arriendos de ese despacho. “Al menos desde el 2015 no hay registros”. Y agregó: “Tomaron fotos de las oficinas 2A y 2B, porque no saben en cuál de las dos funcionaba la supuesta oficina”.

La Fiscalía pidió que se investigue quién ordenó el alquiler y quiénes ocupaban.

Según las investigaciones, los fallos judiciales también llegaban primero a ese despacho, a nombre de Martínez.

Por eso, Paúl Jácome, de la Mesa por la Verdad y la Justicia, pidió copias de los correos y de los chats que pertenecerían a la exasesora de Rafael Correa.

En un informe de 249 que fuera publicado entre finales del 2018 e inicios del 2019, la Mesa señala a operadores de justicia “que habrían cumplido un papel fundamental, al ser el instrumento a través del cual se penalizó la crítica al gobierno del expresidente Correa o a sus políticas”.

Como parte de las investigaciones del caso Sobornos, el pasado 16 de agosto también se hizo una pericia en el complejo donde funciona la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno. En la tarde, en cambio, los abogados de los procesados fueron convocados a las oficinas de Criminalística.

La idea de la cita judicial fue exhibir, extraer, analizar, transcribir y materializar la información contenida en el celular negro, marca iPhone, modelo A1387, que fuera incautado en un allanamiento a la casa de Vinicio Alvarado.