2 de diciembre de 2019 00:00

Juez ordenó arresto domiciliario para María Sol Larrea

María Sol Larrea fue detenida el sábado cuando salía de la cárcel de Ambato. Fotos: Secretaria Anticorrupción

María Sol Larrea fue detenida el sábado cuando salía de la cárcel de Ambato. Fotos: Secretaria Anticorrupción

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Ana Belén Rosero y Sara Ortiz

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La Unidad de Flagrancia en Quito amaneció con cerco policial. Allí se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía la procesó ayer 1 de diciembre del 2019 por el presunto delito de peculado, en el caso Farmacéuticas ficticias.

La exfuncionaria estuvo presente en la diligencia en compañía de sus abogados. Tras dos horas de audiencia, el juez David Lasso ordenó arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Además, deberá presentarse cada 3 días ante el fiscal que investiga este caso.

Durante la cita judicial, la Fiscalía explicó que este caso se inició con una denuncia presentada el martes pasado (26 de noviembre) por la secretaria Anticorrupción, Dora Ordóñez. En esa queja judicial se menciona la adquisición e importación de fármacos de empresas con datos supuestamente adulterados.

Según las primeras investigaciones, en septiembre del 2012 la Presidencia del Directorio del Seguro Social autorizó la importación de 90 tipos de fármacos, con un presupuesto de USD 42,2 millones.

Entonces, se adjudicaron dos contratos -por USD 6,5 millones- a una compañía ecuatoriana que era representante de dos empresas de la India.

En la comisión técnica que aprobó esta contratación participó Larrea. “Esa comisión habría entregado recursos públicos a una compañía ecuatoriana que no participó, no fue oferente y que al parecer fue intermediaria”, dijo el fiscal.
Por eso, Larrea fue detenida con fines investigativos cuando salía de la cárcel de Ambato y fue trasladada a Quito.

Su abogado, Teodoro Coronel, aseguró que a su clienta la están procesando por hechos que ya fueron sancionados anteriormente y sostuvo que su defendida es inocente.

En cambio hoy, a las 08:45, Fiscalía prevé presentar cargos por supuesto lavado en contra de Larrea, de su esposo, de su cuñado y seis empresas familiares. Este es el sexto proceso en el que está investigada.

Las primeras pistas de esta trama aparecieron en abril pasado, cuando la Secretaría Anticorrupción la denunció por la compra de un departamento, valorado en USD 440 000, ubicado en exclusivo sector de Miami, en EE.UU.

Según la denuncia, la excoordinadora compró un inmueble en el edificio 1800 Club Condo. A través de Google Maps se muestran más detalles de la edificación. Se trata de un edificio que tiene 42 pisos, áreas verdes, gimnasio, piscina, salones y vista al mar.

Las fotografías interiores del edificio, presentadas por la Secretaría Anticorrupción en su denuncia, muestran que en el área de gimnasio, por ejemplo, hay enormes ventanas hacia la playa. Otro espacio son las terrazas: hay sillones, mesas y su vista también es hacia el mar.

Los acabados interiores, como pisos, paredes, techos y lámparas, son de lujo.
El bien habría sido adquirido en el 2015 a nombre de la compañía Eslar Corporation, cuyos directores serían Larrea y su esposo, denunció la Secretaría Anticorrupción.

Ahora, la Fiscalía busca determinar si los fondos usados para pagar el departamento fueron de origen lícito o provienen de otras cuatro tramas de corrupción en las que Larrea ya ha sido sentenciada.

De hecho, el viernes pasado (29 de noviembre) completó su condena de un año de cárcel por supuesto peculado, en la adquisición de equipos oftalmológicos para el IESS. El viernes, un Tribunal le otorgó un hábeas corpus y ordenó su libertad.

También ha sido sentenciada por enriquecimiento ilícito, pues no pudo justificar ingresos por USD 900 000 en sus cuentas bancarias. Entre el 2010 y 2015 aumentó su patrimonio y, junto con su esposo creó 16 empresas relacionadas con servicios médicos; la mayoría tenía como cliente al IESS. Esas compañías también aumentaron su capital.

Por ejemplo, un centro de diálisis que tenía la pareja pasó de tener un capital de USD 98 000 a USD 250 000, entre el 2010 y el 2015. Además, Larrea tuvo dos condenas por delito de tráfico de influencias. La primera por irregularidades en un contrato para servicios de limpieza en hospitales del Seguro Social en Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, por USD 2,9 millones.

En este caso se determinó que Larrea, entonces en el cargo de coordinadora nacional de Unidades Médicas, no justificó técnicamente la necesidad para contratar estos servicios.

La segunda causa de tráfico de influencias se inició por un supuesto peculado, pero tras la indagación se modificó el delito. En ese expediente se determinaron irregularidades en la adquisición de medicamentos, pues se compró más cantidad de la necesaria y terminaron caducados en bodegas.

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