26 de septiembre de 2018 12:23

Ministra Romo dice que visita de Sofía Espín a testigo de caso contra Correa podría implicar 'responsabilidad penal'

La ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció sobre la visita que hizo la asambleísta Sofía Espín a la agente acusadora de Rafael Correa, Diana Falcón, en la cárcel 4 de Quito. Fotos: Archivo EL COMERCIO y Flickr Asamblea Nacional

La ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció sobre la visita que hizo la asambleísta Sofía Espín a la agente acusadora de Rafael Correa, Diana Falcón, en la cárcel 4 de Quito. Fotos: Archivo EL COMERCIO y Flickr Asamblea Nacional

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Redacción Política

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Como "muy grave" calificó la ministra del Interior, María Paula Romo, al hecho de que la asambleísta Sofía Espín (exAP y ahora identificada como correísta) haya entrado a la Cárcel 4 de Quito para reunirse con Diana Falcón, agente policial procesada en el caso del secuestro a Fernando Balda y testigo en la investigación contra el expresidente Rafael Correa por ese hecho.

"Es muy grave. Este es un caso en el que todo el país está pendiente, un caso en el que según la Fiscalía estaría implicado inclusive el (ex) Presidente de la República, estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia como un testigo protegido", dijo Romo este miércoles 26 de septiembre del 2018.

Romo rechazó que una funcionaria de alto rango como Espín haya pretendido "aparentemente modificar la opinión de ese testigo". "Es un caso grave que incluso podría acarrear responsabilidad penal desde mi punto de vista como abogada", añadió.

La asambleísta Espín, interrogada sobre el señalamiento de la Ministra, emplazó a Romo a "que demuestre a qué se refiere con grave". Dijo que fue a la Cárcel 4 porque "yo estaba preocupada por la situación de la señora (Falcón), por su seguridad; ella está en indefensión, prácticamente, le han hecho que se inculpe, entonces le fui a preguntar eso".

Espín, excolaboradora de Jorge Glas (quien cumple sentencia en la Cárcel 4 y es defendido por Correa), dijo que no se arrepiente de la visita a Falcón y que no teme que la Fiscalía pueda abrir una investigación en su contra.

Romo señaló que "si es que no se cumplieron los requisitos, las normas, para el tema de visitas, habrá sanciones", aunque puntualizó que esa es una competencia de otro ministerio.

Espín dice que siguió todos los procesos legales para ingresar a la cárcel donde Falcón está detenida. "Que la Ministra me demuestre que yo he presionado a la señora", dijo.

La mañana del 25 de septiembre, Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, denunció que la asambleísta Espín y la abogada Yadira Cadena Cevallos, asistente de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, visitaron en la Cárcel 4 a la agente Diana Falcón para prometerle protección de la ONU si se retractaba de su versión sobre el secuestro de Balda.

Diego Chimbo, abogado de la agente Falcón, afirmó que su cliente le comentó que Espín le ofreció asilo en Bélgica (donde reside el expresidente) a cambio de que dijera que fue presionada por el fiscal Paúl Pérez para involucrar a Correa en el proceso penal.

"Diana Falcón y Raúl Chicaiza entregaron las pruebas que recopilaron desde el 2013... Es decir que en algún momento tenían que dar este proceso y sabían que iban a colaborar con la justicia”, dijo el abogado de los agentes procesados.

Chimbo también señaló que el agente Chicaiza ha sido contactado en la Cárcel 4 por personas afines a Correa. "Van a visitar al exvicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie este proceso y la insinuación más grave que le hacen es pedir que mienta, es decir que se retracte".

La asambleísta Espín negó que hubiera presionado a la agente Falcón. La mañana de este miércoles 26 dijo que no era cierto que había ofrecido protección de la ONU.

La tarde de ayer martes 25 de septiembre, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, pidió en la Corte Nacional de Justicia que se dicte el auto de llamamiento a juicio en contra de Rafael Correa, como autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Balda. También pidió la misma acción legal en contra de Pablo Romero, exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain); y de los agentes de Inteligencia Falcón y Chicaiza; estos dos últimos se encuentran en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía por su colaboración en la investigación.

Según la Fiscalía, existen 28 evidencias que involucran a Correa en el secuestro de Balda, perpetrado en el 2012 en Bogotá, Colombia. La Fiscalía solicitó que se ratifiquen las medidas cautelares (orden de prisión) y que se prohíba la enajenación de bienes y el movimiento de cuentas de los procesados.

El fiscal Pérez solicitó el llamado a juicio luego de que la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, ratificara la validez del proceso y la legalidad de la actuación de la Fiscalía en el caso, al tenor del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Se puede juzgar a Correa por un delito ejecutado en Colombia?

El artículo 14 de dicho cuerpo legal precisa que el COIP se podrá aplicar para delitos perpetrados fuera de Ecuador en cinco casos: 

1. Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

2. Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero, contra una o varias personas ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la cometió.

3. Cuando la infracción penal es cometida por las o los servidores públicos mientras desempeñan sus funciones o gestiones oficiales.

4. Cuando la infracción penal afecta bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional, a través de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que no se haya iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción.

5. Cuando las infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este Código.

En Colombia se juzgó a los hombres que perpetraron el secuestro, pero no se investigó a los autores intelectuales ni a los agentes de Inteligencia de Ecuador que recibieron la orden de contratar a los captores. 

El artículo 162 del COIP sanciona con 13 años de cárcel a quien perpetra el secuestro de una persona con fines políticos, ideológicos, religiosos, etc. Balda era opositor del régimen de Correa. Asimismo, el Código Penal ecuatoriano castiga con cárcel de hasta 5 años a quienes incurren en asociación ilícita.

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