3 de abril de 2019 00:00

Margarita Hernández: ‘El cálculo de provisiones será reformado’

Entrevista a Margarita Hernández  titular de la superintendencia de la  Economía Popular y Solidaria de Ecuador. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Entrevista a Margarita Hernández titular de la superintendencia de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia

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En la carta de intención con el FMI se menciona que el Gobierno va a supervisar más al sector cooperativo. ¿Hay indicadores que preocupen y ameriten más control?

La preocupación del FMI no tiene que ver con la supervisión que ya hace la Superintendencia. El tema se refiere a que existen brechas en la normativa, que marcan diferencias entre la gestión o valoración de ciertos temas en la banca y en el sector financiero popular y solidario. Esa es la razón de ser de la preocupación del Fondo Monetario.

¿Qué leyes se reformarán para cerrar esas brechas normativas?

No es solo una ley. El marco normativo que regula a las entidades del sector está compuesto por el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria, del Banco Central. No es que se va a reformar una sola resolución en particular. En el universo normativo existen leyes que hay que ajustar para que todos los participantes tengan igualdad de condiciones, sin que se pierda la naturaleza de las entidades de la economía popular y solidaria.

¿Cuáles son las brechas más importantes?
En el tema de morosidad, por ejemplo. Estamos analizando todo y tenemos un plan. Se tiene que ejecutar en un tiempo determinado. Hay que reformar el Código.

¿Cómo se calcula la mora en las cooperativas y cómo en la banca privada?
La diferencia está en el momento a partir del cual se considera mora. La mora tiene relación con la provisión, es decir, con los recursos que se deben guardar en caso de que un cliente deje de pagar. Si dejó de pagar en el día uno, el banco privado tiene la obligación de provisionar desde el día dos. La cooperativa, en cambio, empieza a provisionar desde el día 90. Hay que analizar todo lo que tiene que ver con esta brecha para entender qué ajusto, dónde y en qué plazo. Hay que pensar en el impacto que esto tendrá en estos intermediarios financieros y lo que significará para sus resultados.

¿Qué otras brechas hay?
En lavado de activos. Estamos avanzando en eso. Ya venció el plazo para que todas las organizaciones tengan un manual de lavado de activos y desde abril reporten actividades inusuales, cosa que no se hacía en los segmentos más pequeños del sector.

¿Habrá cambios en tasas de interés de este sector?
Más allá de ver las tasas, hay que entender la metodología de cada tipo de crédito. Por ejemplo, debería haber un préstamo que refleje la lógica del productor. Cómo es posible que se cobre cuota mensual a quien se está endeudando para sembrar y cosechar en los próximos tres años.

¿Cómo está la tasa de morosidad?
El indicador ha bajado de 10% en marzo del 2017 a 4% en enero del 2019. Las entidades están colocando mejor el crédito. Hasta ahora no se ha visto un deterioro del indicador. El momento en que veamos que empiece a deteriorarse la tasa se pensará en cuál es la acción más oportuna. Hay que tomar decisiones, pero estas no dependen al 100% del controlador ni de la política pública. Estas entidades tienen administradores responsables de la gestión.

¿Cómo ha estado la colocación de crédito y el nivel de los depósitos en el sector cooperativo?
A marzo del 2017, el indicador de liquidez estaba entre el 25 y 30% y ahora está en el 20%. Los depósitos no han bajado y, más bien, la colocación de crédito subió. La cartera a enero pasado estuvo en USD 10 654 millones; es decir, 1 500 millones de aumento frente a enero del 2018. Y hay algo que siempre destaco: 69% del microcrédito en el país corresponde a cooperativas.

Hoja de vida

Educación. Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Experiencia. Fue Intendenta del Sector Financiero Popular y Solidario e Intendenta Jurídica. Primero fue Superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada y ahora es titular.

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