La Policía allanó la casa de Calvopiña y otras dos personas. Se hallaron USD 300 000. Foto: Fiscalía
El documento tiene el membrete de Petroecuador y está firmado por los integrantes del Directorio de la estatal petrolera, el 17 de enero del 2011. Allí aparecen los nombres y las rúbricas de cuatro autoridades públicas.
Se trata de la resolución DIR-EPP-01-2011-01-17, en la que los miembros de Petroecuador “agradecen al vicealmirante Manuel Zapater por los servicios prestados” y “designan como gerente general encargado al ingeniero químico Marco Calvopiña”. Ese puesto lo ocupó hasta el 20 julio del 2015, cuando lo reemplazó Carlos Pareja Yannuzzelli, actualmente prófugo de la justicia.
Desde la semana pasada, Calvopiña enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, él es el presunto cabecilla del entramado de corrupción dentro de la estatal petrolera. En su residencia y en la de dos personas más, los agentes investigadores hallaron USD 300 000 escondidos en sobres, cajones y en el tumbado de las casas.
En las últimas horas, el Gobierno ha marcado distancias con el exfuncionario. El presidente Rafael Correa aseguró el sábado, en su enlace ciudadano, que Calvopiña no fue puesto por la “revolución” y que estaba en la empresa pública desde “mucho antes”.
“(Los detenidos han sido) informantes de ese sinvergüenza que funge ahora de periodista. Informantes de ellos, porque ese tipejo cobraba por denunciar y cobran por callar, vive del chantaje”, sostuvo el Mandatario sin dar nombres.
De acuerdo con su hoja de vida, Calvopiña se vinculó a Petroecuador desde 1981 y poco a poco fue escalando. En el 2007 fue designado como vicepresidente general de la estatal petrolera; dos años después, en el 2009, se convirtió en el asesor de la Subsecretaría de la Política Hidrocarburífera.
En el 2010 también asesoró directamente en el despacho del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
De hecho, ese 17 de enero del 2011 fue avalada la designación de Calvopiña como gerente de la estatal petrolera.
En la Ley Orgánica de Empresas Públicas (art. 9) se dice que una de las atribuciones del Directorio es nombrar al gerente general de una terna propuesta por el Presidente del Directorio y sustituirlo.
Tres meses antes de que dejara el cargo, el 25 de abril del 2015, el funcionario agradeció al Primer Mandatario el apoyo. Lo hizo en el enlace ciudadano 421, en Urdaneta, Los Ríos.
“Señor Presidente: antes de su gobierno, durante mucho tiempo no se habían preocupado por mejorar la infraestructura de transporte y almacenamiento de combustibles en el país”, sostuvo en los primeros segundos de su breve intervención.
Luego añadió: “hemos revisado los archivos y hace más de 24 años que no se ha hecho antes una obra en esta actividad. En este Gobierno, señor Presidente se han invertido más de USD 1 300 millones. (…) Gracias por su presencia y por el apoyo a la industria petrolera”, finalizó el funcionario.
Calvopiña no solo estuvo al frente de contratos millonarios en Petroecuador. También tuvo tiempo de expedir un Código de Ética. Según el documento de 20 páginas, ahí se lee: “Se busca orientar las actuaciones de los servidores públicos de la estatal petrolera para hacer lo correcto y respetar la dignidad de cada persona, lo que debe constituirse en la esencia de sus valores y principios para constituir una organización honesta y responsable”.
Las investigaciones de la Fiscalía advierten que el exfuncionario, detenido desde el viernes pasado, aparentemente recibió trasferencias de dinero desde la cuenta ‘offshore’ de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y procesado por enriquecimiento ilícito y cohecho, a la firma ‘offshore’ Kilkenny Business S.A., domiciliada en islas Bahamas. Los reportes de la investigación señalan que la firma recibió al menos USD 400 000. El Gobierno intentará congelar y recuperar esos rubros.
La etapa de Calvopiña en Petroecuador no estuvo exenta de polémicas. En marzo del 2012, el entonces asambleísta Cléver Jiménez anunció una demanda en contra de él por “graves actos de corrupción” por la presunta firma de contratos petroleros por USD 1 700 millones con dos empresas de papel. Según dijo Jiménez en esa época, esas dos compañías fueron creadas un mes antes de la adjudicación de esos contratos. Sin embargo, la denuncia no prosperó.
En medio de estos hechos, ayer, el denominado Colectivo X presentó un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con empresas ‘offshore’ en Panamá. Sigrid Vásconez, representante de ese organismo, sostuvo que entre las personas que al parecer constituyeron firmas ‘offshore’ con el consultorio jurídico Mossack Fonseca están un funcionario de Petroecuador; tres de Petroamazonas, dos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y uno de Transelectric.
El estudio, según el colectivo, es el resultado de una investigación de cuatro meses efectuada a 11 instituciones y enfocada a funcionarios con sueldos mayores a los USD 1 500. La información fue cruzada con la base de datos de los Papeles de Panamá, levantada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los Offshore Leaks y la lista del Servicio de Rentas Internas, con la información de la nómina de empleados.
La intención es dilucidar las conexiones, manifestó Vásconez, para que la Justicia actúe en estos casos y se continúe a profundidad con las investigaciones respectivas.
