Redacción Esmeraldas
Con la noticia de que el inspector provincial de Trabajo, Freddy Saldarriaga, fue destituido, se realizó ayer la marcha contra la corrupción y en defensa de los fondos públicos.
Así bautizó la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, a la protesta convocada para que los esmeraldeños rechacen el embargo de las cuentas bancarias de la institución y la paralización de obras.
El embargo fue ordenado por Saldarriaga, hace tres meses. Esa fue la sentencia luego de que los representantes de la Prefectura y del Sindicato Único del Gobierno Provincial no llegaron a ningún acuerdo.
La polémica se desató por una deuda de reliquidación y pago de alzas salariales, horas extras, subsistencia…, desde 2004, presentada por los obreros.
Según la disposición, el Gobierno Provincial de Esmeraldas (GPE) debe cancelar, a favor de 253 trabajadores, USD 4,5 millones. Por ello, se intervino la cuenta que mantiene la Prefectura en el Banco Central.
La Prefecta, sin embargo, insiste en que el peritaje, realizado por el ingeniero comercial Pedro Flores, tiene varios errores.
Según Sosa, hay que pagar USD 131 000 y no USD 4,5 millones. “Eso, simplemente, es una locura, por lo que hemos pedido un nuevo peritaje”, señala.
En medio de la polémica, el Inspector Provincial del Trabajo fue notificado ayer de que debe dejar el cargo. Así lo señala una resolución de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Para Saldarriaga, su salida se debe a presiones políticas de la Prefecta.
En medio de esta acusación, un grupo de personas participó en la marcha. La mayoría era militante del MPD, movimiento político de la Prefecta, y estudiantes de los colegios Eloy Alfaro, Luis Tello, Margarita Cortez, Luis Vargas Torres y 5 de Agosto. Pero también llegaron campesinos de las parroquias rurales que demandan obras.
A las 10:30 se inició la marcha. Con gritos y carteles, los manifestantes rechazaban lo que ellos denominan el atraco de los fondos públicos. Finalmente, la marcha, que recorrió las principales calles de la ciudad, se concentró frente al parque central de Esmeraldas.
Allí, el prefecto (e), César Mera, criticó la demanda de los sindicalistas y la resolución del Inspector. Líder Altafuya, asambleísta electo, aseguró que en la resolución de Saldarriaga hubo muchas irregularidades. No dio detalles.
De su parte, Saldarriaga insistió en que la sentencia es inapelable, porque fue definida en derecho. En números, sin embargo, los USD 4,5 millones representan la cuarta parte del presupuesto anual del Consejo Provincial.
Esto ya está causando estragos en la institución. El 95% de los 110 proyectos de la obra pública, según Sosa, está paralizado. A ello se suma la situación de 245 trabajadores y 106 empleados de la Prefectura que no cobran su sueldo desde hace tres meses.
Ayer, la Prefecta fue la gran ausente de la marcha. Viajó a Quito para evitar que el dinero sea depositado a los sindicalistas.