8 de abril de 2021 17:23

Con una marcha en El Coca se recordó el derrame de petróleo ocurrido en abril del 2020, en la Amazonía

La marcha de ayer, 7 de abril del 2021, recorrió la avenida 9 de Octubre, de El Coca (Orellana). Foto: cortesía Confeniae

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Andrea Medina

El Complejo Judicial de Francisco de Orellana, en El Coca, fue el punto al que llegaron cientos de habitantes de las comunidades indígenas con el objetivo de pedir justicia por las afectaciones causadas por el derrame de petróleo del 7 de abril del 2020.

El plantón se cumplió el 7 de abril del 2021, tras cumplirse un año en el que varios moradores y dirigentes de comunidades indígenas afectadas dicen aún vivir los estragos del derrame.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), más de 27 000 personas –principalmente indígenas- sienten las afectaciones de la contaminación “en sus cuerpos y en sus territorios, y los riesgos asociados a la erosión regresiva de los ríos, incluidos posibles nuevos derrames”. Así lo contaron en un comunicado.

La convocatoria empezó con una caminata que se inició en el Consejo de la Judicatura de Orellana y llegó hasta la Fiscalía Provincial. Allí, los dirigentes de las comunas volvieron a pedir justicia y reparación integral.

“Los jueces de primera y segunda instancia que conocieron nuestra demanda no reconocieron las vulneraciones a nuestros derechos, es por eso que estamos aquí varias comunidades afectadas luchando”, indicó Verónica Grefa, presidenta de la comunidad Toyuca.

En septiembre del 2020, OCP, Petroecuador y el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables informaron que el derrame afectó a casi 363 kilómetros de riberas de los ríos Coca, Napo y Quijos, y a 218 hectáreas en 108 comunidades de Sucumbíos y Orellana. En esos sitios, afirmaron, se realizaron diversas labores de remediación.

La intervención, según los involucrados, incluyó entrega de alimentos y agua a las zonas afectadas, aunque para los dirigentes indígenas y defensores de las comunidades eso no fue suficiente.

Los comuneros y dirigentes también denunciaron una persecución a los líderes que se han puesto al frente de este pedido. Así lo dijo, Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae). “Hoy, las 500 personas que estamos aquí queremos decir la verdad de lo que ocurre en nuestros territorios. Las nacionalidades de Orellana estamos cansadas de tanto atropello, continuaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias”.

Los daños del crudo motivaron la presentación de una acción de protección el 29 de abril del 2020, que fue negada el 1 de septiembre de ese año por un juez en Francisco de Orellana.

“Hace 50 años nos dijeron que la explotación petrolera iba a terminar con la pobreza y seguimos en la miseria, con necesidades. Este pueblo merece respeto, más de 27 000 comuneros que están en las orillas de los ríos Napo y Orellana estamos en pie de lucha”, indicó Marlon Vargas, presidente de Confeniae.

OCP Ecuador y Petroecuador también emitieron un pronunciamiento al cumplirse un año de un evento que calificaron como un evento de fuerza mayor.

OCP recordó que tras el derrame coordinó la entrega de 1.7 millones de litros de agua y más de 26 000 kits de alimentos en las zonas afectadas. Ese contingente se complementó con la movilización de brigadas médicas que atendieron a más de 5 000 personas entre abril y julio de 2020. "Igualmente, se entregaron 6 464 tanques de agua de 500 litros, uno por familia, para ayudar en la recolección de agua lluvia. En su mayoría, estos insumos fueron adquiridos a proveedores locales", indicó OCP a través de un comunicado.

Esta firma también indicó sobre la inversión de más de USD 21 millones en la construcción de dos variantes definitivas y seis baipases temporales, tras los daños en la vialidad causados también por la erosión del río Coca.

“En el tema ambiental y social, el trabajo ha sido en conjunto con OCP Ecuador S.A., para lo cual las dos empresas han invertido más de USD 35 millones, para atender a las 108 comunidades afectadas y realizar las labores de remediación ambiental”, informó Petroecuador.

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