La movilización finalizó en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Alcaldes, concejales y prefectos de la región amazónica protagonizaron una marcha la mañana de este martes, 3 de abril del 2018, en Quito. Ellos pidieron la aprobación urgente del proyecto de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
El contenido de esta normativa fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el 13 de marzo.
“Hemos programado una marcha pacífica para insistir en que se de paso a la Ley. Es una gestión que la hemos venido haciendo desde hace 11 años atrás”, señaló Rafael Rodríguez, alcalde del cantón Santiago de Méndez, en Morona Santiago.
La concentración empezó a las 09:00 en el Parque El Arbolito. Hasta allí llegaron autoridades, asambleístas por la Amazonía y pobladores con banderas de cada provincia y carteles.
“La Amazonía ha esperado muchos años, ha sido la región que más ha aportado para el desarrollo del país y creemos que es el momento para que se piense en nosotros”, expresó Carlos Lara, vicepresidente nacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).
La movilización finalizó en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. Allí, en el Palacio de Carondelet, un grupo de representantes de esta región fue recibido por una delegación del Ejecutivo.
La conservación del ecosistema, el desarrollo sostenible, la biodiversidad, educación, patrimonio cultural y otros aspectos culturales fueron algunos de los objetivos que motivaron a la creación de esta normativa.
De aprobarse su contenido –tal y como fue enviado al Ejecutivo- uno de los cambios que destacaron sus autoridades es el incremento que recibirían por cada barril de petróleo (de USD 1 a 2). Estos recursos irán al Fondo de Ecodesarrollo para la Amazonía. La idea es también crear un fondo común, para destinar a diferentes rubros como educación y dotación de servicios básicos a las seis provincias de la Amazonía.
Por otro lado, otros organismos como la Federación de Mujeres de Sucumbíos, el Frente de Defensa de la Amazonía, la Cámara de Comercio de Sucumbíos o el Colegio de Ingenieros de esta misma provincia, también se pronunciaron públicamente sobre el contenido de esta normativa.
A través de un comunicado de prensa se indicó que dicho proyecto de Ley “no toma en cuenta los daños ambientales y sociales producto de la explotación petrolera y tiene vicios de inconstitucionalidad”.