El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, cuestiona que las concesiones otorgadas por el Ministerio de Minas se hagan sin consulta previa-ambiental y pide que sean revertidas. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
Las concesiones y actividad minera generan más preocupación en la capital azuaya. El alcalde, Marcelo Cabrera, solicitó al Gobierno Nacional la reversión de concesiones y que se suspenda la construcción del proyecto Río Blanco, por lo menos, hasta que culminen los estudios hídricos que realizan las universidades.
Este proyecto ubicado a 3 800 metros de altura entre las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, es el más avanzado de los cinco considerados estratégicos por el Gobierno Nacional. Está en etapa de construcción de la mina por parte del consorcio chino Ecuagoldming.
Allí, desde hace 25 días las actividades están suspendidas por seguridad, ante el cierre de vías con zanjas y la quema de una parte del campamento por parte de grupos antimineros.
Cabrera tenía previsto remitir su pedido al presidente de la República, Lenín Moreno, la mañana de este miércoles 30 de mayo del 2018. Él ve con preocupación que hasta marzo del 2018, el Ministerio de Minas tenía concesionado 69 566 hectáreas para la minería metálica y de ellos 70 000 hectáreas se otorgó entre el 2007 y 2017.
Considerando que la superficie del cantón es de 319 514 hectáreas, todo lo concesionado representa el 21,77% y está dentro de la zona de Biósfera y de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, dijo Paúl Vintimilla, subgerente de Gestión Ambiental de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca.
Vintimilla explicó que el hecho de que estén fuera de los límites del Parque Nacional Cajas no excluye de que sean zonas de recarga hídrica del cantón porque dentro de este territorio hay más de 4 000 lagunas que tienen conexión directa con las cuencas hídricas.
Según Cabrera, las concesiones otorgadas no cumplieron con la consulta previa o la consulta ambiental establecida en los Art. 57 y 398 de la Constitución. “Avanzar en estos proyectos -de manera arbitraria- ponen en riesgo los intereses de nuestra ciudad y del Ecuador”.
Por eso, el pedido de Cabrera al Presidente está orientado a que se reviertan las concesiones y se cumplan con las normas constitucionales vigentes respecto al principio de precaución de los derechos de la naturaleza, de las comunidades y de los habitantes.
Asimismo, que se suspenda el otorgamiento de licencias ambientales para cualquier fase de exploración o explotación minera en el cantón Cuenca y que se revise la licencia ambiental de la fase de explotación del proyecto Río Blanco, al menos hasta que la Universidad del Azuay y de Cuenca culminen los estudios contratados.
Estos análisis debían realizarse en dos años, pero no han avanzado de acuerdo con los cronogramas, por falta de colaboración de la empresa Ecuagoldming y del propio Gobierno, dijo Paúl Vintimilla.
Pero el subdirector del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, dijo que han brindado toda la colaboración para el trabajo de ambas universidades. “Hemos cumplido las normas, planes de manejo, permisos, auditorias y colaboramos para que las universidades (Cuenca y del Azuay) para que investiguen”.
