Marcelo Villacís lleva nueve años luchando para que derroquen una invasión

Marcelo Villacís, de 62 años, intensificó en los últimos meses la disputa de su propiedad debido a la enfermedad que afronta una de sus dos hijas. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO

Marcelo Villacís, de 62 años, intensificó en los últimos meses la disputa de su propiedad debido a la enfermedad que afronta una de sus dos hijas. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO

Marcelo Villacís, de 62 años, intensificó en los últimos meses la disputa de su propiedad debido a la enfermedad que afronta una de sus dos hijas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Apoyado con un bastón, Marcelo Villacís camina con frecuencia por el pasillo de la Comisaría de Construcciones del Municipio de Latacunga. Lleva en sus manos una carpeta repleta de documentos de su constante lucha para recuperar su propiedad que fue invadida y donde ilegalmente se construyó una vivienda.

Hay solicitudes de derrocamiento, aclaratorias de linderos, sentencias de juzgados y otros papeles recopilados en sus nueve años de lucha por recuperar su bien. Sin embargo, no ha tenido respuestas de los funcionarios y directores departamentales durante las administraciones municipales de los exalcaldes Rodrigo Espín, Patricio Sánchez y el actual Byron Cárdenas.

Villacís es jubilado de la Empresa Eléctrica de Cotopaxi. Este hombre, de 62 años, intensificó en los últimos meses la disputa de su propiedad debido a la enfermedad que afronta una de sus dos hijas. Ella necesita el cuidado de sus padres al no poder caminar. Los médicos le diagnosticaron una encefalopatía en octubre del 2018.

“En vida quiero dejar solucionando este problema a mis hijas. Ellas no se merecen cargar con esta irresponsabilidad de las autoridades y de personas que de manera abusiva construyeron en mi terreno”, dice con voz entrecortada.

Los inconvenientes se registran en un terreno de 3 000 metros cuadrados (m2). Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Los inconvenientes se registran en un terreno de 3 000 metros cuadrados (m2) que adquirió en 3 millones de sucres en 1997. La propiedad se encuentra en el ingreso al barrio Miraflores Alto, en la parroquia Ignacio Flores, ubicada en el sur de Latacunga.

Villacís cuenta que desde el 2010 la familia Simba en forma ilegal ocupa una parte de su terreno. Construyeron dos cuartos con palos, tablas y planchas metálicas. Poco a poco levantaron los cimientos y hoy es un edificio de cuatro plantas con almacenes e instalaron una mecánica industrial.

Ante el rápido avance de la edificación Villacís acudió al Municipio. Denunció la invasión de su propiedad y solicitó al director de la Comisaría de Construcciones que derrocara las dos primeras plantas y el cerramiento de la nueva edificación que dividía en dos partes de su terreno.

La inspectora de Construcciones, Rita Noroña, realizó la inspección e informó a su superior que la edificación no dispone de planos aprobados, ni permisos de construcción y que fundían las columnas para una tercera planta. Por eso, la obra fue suspendida hasta que se presentara la respectiva documentación.

La propiedad se encuentra en el ingreso al barrio Miraflores Alto, en la parroquia Ignacio Flores, ubicada en el sur de Latacunga. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

A pesar de la disposición esta familia continúo los trabajos especialmente los fines de semana y en los feriados. “Solicité a la municipalidad una aclaratoria de los linderos del terreno pero no me dan respuesta. Los invasores dicen que tienen las escrituras, pero no son de mi terreno si no de otro donde ya construyeron”, asegura Villacís.

Entre la familia Simba se interpusieron denuncias en la Unidad Judicial Civil de Latacunga en octubre del 2012. Una de las hijas demandó al padre y a dos hermanos Simba indicando que los 114 m2 que supuestamente adquirió no corresponden a los 180 m2 donde se encuentra la obra. Ellos pretendían que los jueces sancionaran a favor de una de las hijas para dar paso a las escrituras y legalizar así la infraestructura.

“El proceso judicial se mantenía en reserva, pero nos enteramos y logramos que los jueces no dieran paso a esa demanda. Presentamos las escrituras y documentos de la compra del predio que nos pertenece”, aseguró.

La sentencia de primera instancia fue promulgada en enero del 2016 y ratificada por los jueces de la Sala del Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi en abril del 2016.

La lucha que mantiene Villacís no solo es en las oficinas de la Comisaría de Construcciones, sino también en los departamentos de Avalúos y Catastros, Procuraduría Síndica, Secretaría de Alcaldía, Registro de la Propiedad y otros.

La última notificación que recibió Villacís del Cabildo fue la apertura de un expediente sancionatorio en abril del 2018. En el documento se solicita justificar la construcción de cuatro pisos al no contar con los respectivos permisos municipales.

“Hemos respondido con documentos sobre dicha edificación y la invasión a nuestra propiedad. Los funcionarios se excusan y no resuelven mi problema”, dice Villacís.

Esta Diario solicitó el pronunciamiento de los funcionarios de la Comisaría de construcciones y al Director de Avalúos y Catastro, pero no quisieron hablar. Pidieron que se hiciera el pedido al Departamento de Comunicación del Municipio; este informó que en las próximas horas habrá un pronunciamiento de la entidad.

La persona que se encontraba en la mecánica de la edificación de la familia Simba no quiso referirse a la denuncia de Villacís.

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