17 de junio de 2018 00:00

El manejo de la seguridad para jueces de frontera se modificó

En mayo, los jueces de frontera contaron sobre las amenazas que  sufrieron tras recibir expedientes relacionados con la delincuencia organizada. Archivo / EL COMERCIO

En mayo, los jueces de frontera contaron sobre las amenazas que sufrieron tras recibir expedientes relacionados con la delincuencia organizada. Archivo / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

Las medidas de seguridad para los jueces amenazados o cuyos perfiles sean de alto riesgo serán manejados desde cada Dirección Provincial de la Judicatura y no desde Quito.


Esa fue una de las últimas decisiones que Gustavo Jalkh adoptó antes de dejar la Presidencia del Consejo, el jueves pasado. Según confirmó a este Diario, se debe a un recorte de personal.

Jasmin Cheme, directora de la Judicatura de Esmeraldas, reconoce que las medidas de seguridad que ella puede tomar “son limitadas”.

Por ejemplo, para proteger a un juez amenazado de muerte lo sacó del cantón de su jurisdicción y le encargó por 90 días un juzgado en otra ciudad.

“Lo óptimo sería dejarlo allí con nombramiento, pero esa atribución la tiene el Pleno de la Judicatura”, dijo.

Tampoco puede crear un banco de jueces, que llenen las vacantes ante la ausencia de los titulares. Por eso recomienda que un juez tramite un caso de crimen organizado por máximo un año y luego sea asignado a otra provincia. Así se evitarían presiones de las mafias.

Por ahora, la oficina provincial de la Judicatura solo puede rotar a los jueces de una ciudad a otra dentro de la provincia.

Actualmente, tres jueces de Esmeraldas reciben protección permanente, con escolta policial, debido a las amenazas que recibieron y que están relacionadas con el manejo de juicios contra el crimen organizado, en el que se incluyen procesos penales contra alias ‘Guacho’. Él ha sido vinculado judicialmente como responsable de los ataques terroristas que se perpetraron en San Lorenzo y en el cantón Quinindé.

Uno de los jueces con protección contó a este Diario que hace tres semanas dos personas sospechosas ingresaron a su casa. “Escalaron una pared de tres metros, pero no sé si pretendían robar algo, porque justo nos dimos cuenta y rápidamente huyeron”.

Ahora, además del escolta, cuenta con botón de auxilio en su casa y el jurista analiza instalar una cerca eléctrica.

Él fue quien autorizó allanamientos, boletas de captura y dictó prisiones preventivas en contra de miembros de la organización de alias ‘Guacho’.

En uno de los casos, por ejemplo, hay procesados que fueron aprehendidos con armas de fuego, municiones y explosivos.

“En lugares tan pequeños como estos poblados fronterizos, todos los pobladores saben quién es el juez, dónde vive, dónde duerme”, comenta.

Después de los atentados terroristas en esas poblaciones, la Judicatura reformó la seguridad en los despachos judiciales. Se instalaron cámaras de vigilancia, detectores de metales y se asignó personal policial en los ingresos.

Detrás de estas medidas estuvo Ricardo Camacho, quien fue contratado como Intendente evaluador. Por los estudios que él ha realizado sabe que las direcciones provinciales no cuentan con las suficientes capacidades para asumir la seguridad de los jueces.

“Se necesita gente que no solo haga un trabajo reactivo, que cuando un juez es amenazado pida protección, sino que también sea capaz de detectar amenazas y riesgos”.

La idea del Programa de Seguridad era mantener sus oficinas en Quito y que aquí se haga además seguimiento de los casos y se monitoree a los funcionarios en riesgo.

“Uno de los casos que tenemos es de una jueza amenazada por sicarios. Tras darle protección, presentamos la denuncia y verificamos el avance de las investigaciones”, sostiene.

Otro juez que cuenta con escolta policial indica que la sensación de inseguridad en la ciudad donde trabaja se ha reducido. Sin embargo, para él y su familia el riesgo no ha disminuido, porque aún debe emitir fallos en casos donde se incluye a los hombres de confianza de ‘Guacho’.

En el Consejo de la Judicatura existe un instructivo desde el 2017, en donde se regulan los tiempos de reacción y tipo de seguridad que deben contar los jueces y fiscales.

Allí se explica, por ejemplo, que la seguridad puede otorgarse tanto para él como para su familia en sus lugares de trabajo y domicilios. Esto se hace a través de un análisis de riesgo que elaboran agentes de la Dirección de Inteligencia.

La medida de protección personal debe tomarse dentro de las primeras 24 horas que el juez reporte la amenaza, mediante un formulario que debe remitir a dos direcciones de correo electrónico.

El instructivo también explica que los jueces más vulnerables a ser víctimas de atentados son los que manejan casos relacionados con actos de corrupción dentro del Estado, los que emiten sentencias contra bandas de contrabandistas o contra grupos asociados al narcotráfico. En esta lista se incluyen además los que tramitan expedientes en donde se ha descubierto redes dedicadas al lavado de activos y miembros del crimen organizado.

Otra opción que se menciona en el documento es que los jueces puedan pasar al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, en donde ellos y sus familiares reciben seguridad.

Desde el extranjero, la Federación Latinoamericana de Magistrados se encarga de denunciar las posibles amenazas y atentados contra jueces de la región.

Justamente el 30 de abril pasado, esta asociación denunció un ataque del que fue víctima un juez de la ciudad de Bogotá, en Colombia, quien manejaba un caso de corrupción.

Según el gremio, el magistrado fue atacado por un hombre que portaba un arma de fuego, pero durante el forcejeo logró salir ileso. Además, esta clase de hechos son inaceptables, “pues representa un incuestionable grave atentado contra el Estado democrático de derecho y la democracia”.

En el país, después de los 12 atentados en la frontera, la Judicatura creó una Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, que debía empezar a operar desde mayo.

La idea era trasladar todos los casos contra el crimen organizado que se llevan en frontera hacia Quito, en donde se acondicionó un edificio con altos estándares de seguridad.

Sin embargo, este proyecto fue suspendido debido a las críticas que recibió por parte de jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial.

Ahora, la Corte Constitucional debe responder sobre la legalidad de la Unidad. Mientras tanto, las oficinas permanecen abandonadas y los juicios “delicados” continúan en los juzgados fronterizos.

Los Hechos

27/01/2018
Un coche bomba explota en los exteriores del cuartel de la Policía de San Lorenzo. El ataque es atribuido a grupos irregulares que operan en la frontera con Colombia.

29/01/2018
Se registra una amenaza de bomba en el edificio de la Fiscalía de San Lorenzo. Personal antibombas del GIR ingresa con canes a las instalaciones para hacer una inspección.

13/03/2018
El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resuelve aplicar medidas de seguridad y protección para los jueces y fiscales que manejan casos de crimen organizado.

17/03/2018
La Judicatura anuncia la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal Penal especializado en crimen organizado. Además, se abre la etapa de postulación para los funcionarios.
 

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