Kléver Medina Alvarado
Existe un serio problema en el trato que la Dirección Nacional de Tránsito da a la sociedad y que, a corto plazo, repercutirá en la credibilidad de dicha dependencia estatal.
Los infractores de tránsito están supeditados a la buena voluntad de la mencionada institución para cumplir con sus obligaciones derivadas de la intervención policial. No es que solo no se los pueda cumplir, sino que, al cabo de meses, aparecen las sanciones con recargos y multas por el no pago.
Es posible que la culpa sea compartida con las autoridades judiciales, pero también la Dirección Nacional de Tránsito debe tomar las medidas para que el público no resulte, en última instancia, culpable de la desorganización institucional.
Me permito sugerir que los contraventores interesados en cancelar sus multas y que no encuentren oficializada la sanción sean registrados para que se eviten el INRI de incumplidos y se les evite las multas que no tienen razón de ser. Estoy seguro que la sugerencia expuesta no es mucho pedir.