La avenida Manuelita Sánez, en Ambato, es uno de los sitios donde están instalados los fotorradares que controlan el exceso de velocidad. Foto: Glenda Giacometti/EL COMERCIO
El conducir superando los límites máximos de velocidad es la segunda causa de los accidentes de tránsito en el Ecuador.
La primera, según la Agencia Nacional de Tránsito, es manejar desatento o distraído, con el teléfono celular, pantalla de video, comida, maquillaje o cualquier otro distractor.
Sin embargo, las instituciones que administran el tránsito, en varios cantones del país, priorizan el control del exceso de la velocidad, mediante sanciones económicas fijadas por la información de fotorradares, antes que la educación vial.
Uno de los casos más polémicos se registra en Ambato, en Tungurahua, en donde la recaudación por multas fue de USD 25,9 millones, entre febrero del 2015 y agosto último, según el Departamento Financiero del municipio local.
El malestar ciudadano fue recogido por el asambleísta de Tungurahua y exalcalde de Ambato, Luis Fernando Torres, quién cuestionó el porcentaje que recibe la concensionaria.
Del total, el Cabildo recibió USD 10,8 millones (41,7%), mientras la empresa Safety, propietaria de los ocho radares fijos instalados en la zona urbana, obtuvo USD 15,2 millones (68,80%).
Los recursos que ingresaron por las multas de fotorradares son reinvertidos en el mantenimiento vial, nuevos caminos, asfaltados y la colocación de señalización en la ciudad, asegura Silvia Toaza, directora Financiera del Municipio.
Para el instructor de conductores Rodrigo Ron, el problema de irrespetar la Ley de Tránsito es cultural. Eso provoca que los choferes sean sorprendidos por los radares.
Pero, el concejal ambateño Robinson Loaiza cree que el Municipio, con el pretexto de salvar vidas, encontró un sistema para recaudar gran cantidad de dinero, en un país donde falta educación vial.
La empresa concesionaria Safety también brinda servicio en Loja, en donde se implementaron, hace tres años, las llamadas fotomultas.
Hasta ahora el sistema, que incluye cinco radares fijos, tiene cuestionamientos. Las críticas se deben a que, supuestamente, hay multas aplicadas a los conductores con información de señalética errónea.
Desde el Municipio de Loja no hay datos oficiales sobre el número de multas impuestas, por circular sobre los rangos de velocidad autorizados (50 km por hora para vehículos livianos y 40 para los automotores pesados).
Según un examen de la Contraloría General del Estado, en el 2015 se emitieron 5 763 boletas de citación, que generaron USD 1,2 millones en multas. Al año siguiente fueron 20 506 boletas por USD 3,2 millones. Aparte 11 242 multas fueron dadas de baja por las autoridades municipales o jueces penales.
Esto confirma, según Avendaño, que con el sistema el municipio no persigue corregir la mala conducta de ciertos conductores, sino recaudar dinero.
De acuerdo al contrato firmado entre el Municipio y Safety, el ayuntamiento recibe el 55% de los ingresos de las multas de los fotorradares y la empresa 45%.
Según el informe de la Contraloría las multas dadas de baja representaron USD 1,6 millones. En los casos que ya habían sido canceladas el Municipio devolvió los recursos con títulos de crédito.
Por su parte, la empresa Safety, en abril pasado, remitió información a la Contraloría en la que detalla que entre el 2015 y 2016 generaron 150 844 infracciones, de las cuales 22 037 fueron confirmadas, 10 937 rechazadas y 97 059 se registraron como pendientes, hasta que se legalicen los rangos de velocidad o prescriban en cinco años.
Con las multas pendientes, asegura Avendaño, el Cabildo tendría una recaudación superior a los USD 25 millones.
Ante los cuestionamientos el alcalde, Bolívar Castillo, analiza la posibilidad de terminar unilateralalmente el contrato con la firma adjudicataria.
En tanto, en Guayaquil hay 37 fotorradares en vías perimetrales y urbanas. Luis Lalama, director de Operaciones de Control de Tránsito, indica que fueron instalados en las zonas con alto índice de accidentabilidad.
Édgar Lupera, director de Gestión de Infracciones y Servicios de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), explica que hasta septiembre registraron 340 511 multas. El 54% corresponde a infracciones por exceso de velocidad.
En el Centro de Solución de Conflictos de la ATM se atendieron a 62 683 conductores hasta septiembre, quienes acuden para trámites gratuitos de impugnación o para fijar convenios de pago.
Para Christian Rochina, jefe de Estadística, las multas reflejan un patrón de comportamiento de los conductores.
Las más de 340 000 infracciones de este año corresponden a 193 000 personas. De ese total, el 64% fue multado por una ocasión, el 20 dos veces, el 8 por tres y otro 8 registra incidencias por cuatro o más veces
Este Diario solicitó a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) la cantidad en recursos de lo que se recibe por esas infracciones -a través de los fotorradares- pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo ninguna respuesta.
Lupera indica que los recursos por el cobro de infracciones se reinvierte en el servicio.
La Empresa de Movilidad del Norte (Movidelnor), que tiene a cargo el manejo del tránsito en 15 cantones de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha, tiene un solo fotorradar funcionando en Ibarra.
Entre enero del 2016 y agosto de este año, este artefacto detectó 20 760 infracciones, que generaron USD 4,3 millones por multas.
Según Edgar López, gerente de Movidelnor, la empresa Trafficnor, concesionaria del dispositivo electrónico, estudia los sitios con mayor cantidad de accidentes, para instalar cinco radares. El dinero de las multas se invierte en la operación de Movidelnor.
En contexto
La capital de Tungurahua registra una de las mayores recaudaciones por concepto de multas por exceso de velocidad. Al igual que ciudades como Loja e Ibarra, los radares están concesionados a empresas particulares.