Grupos que trabajan en derechos humanos publicaron esta alerta en la población colombiana de La Hormiga. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Es mediodía y el calor en el poblado fronterizo Lago Agrio es intenso. Las 18 mesas ubicadas en el galpón donde funciona el burdel están copadas. La gente ha entrado desde las 10:00.
El sitio es oscuro, no tiene ventanas y las luces amarillas, verdes y rojas de neón apenas iluminan una parte del salón.
La bachata se escucha a alto volumen y el aire a condicionado no basta para aplacar el calor. Los clientes beben cerveza, agua y energizantes.
Junto a cada puerta de los pequeños cuartos aparecen mujeres con escotes y tacones. La mayoría ha llegado de Colombia luego de cruzar la frontera a pie, en taxis o en motos y dicen que vinieron voluntariamente, que nadie las obligó.
Pero los agentes saben que en lugares como estos operan mafias relacionadas con la trata de personas, que traen a jóvenes desde Colombia y las explotan sexualmente en Ecuador. Sin embargo, las chicas no denuncian por temor.
Lorena, una joven de 20 años que entró a Ecuador hace un mes, cuenta cómo la convencieron para venir. Un día, un hombre llegó a su natal La Hormiga, un poblado colombiano, y le ofreció trabajo. Le dijo que aquí tendría comida, vivienda y una buena remuneración. Le garantizó incluso el viaje.
Desde entonces, vive en un centro de tolerancia con otras dos compañeras que provienen de la misma zona.
Sus maletas están debajo de las camas y cuando están libres descansan en el mismo sitio.
La gobernadora de Sucumbíos, Nancy Ajila, reconoce esta situación. Dice que en esta provincia operan 34 centros de tolerancia y que los controles a esos sitios son constantes.
Pero no descarta la presencia de redes de trata, debido a que este es un sitio de frontera.
En el 2012, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya advertía que Sucumbíos era “una zona de origen, tránsito y destino de trata de personas”. En un informe, el organismo internacional detalla que mujeres de al menos cinco departamentos colombianos eran llevadas a ese lugar para ser explotadas sexualmente.
Tras cinco años de ese diagnóstico, el panorama es similar. Agentes de la Unidad Antitrata de la Policía hablan de estas mafias y advierten que el paso ilegal de las víctimas también se da a través de poblados fronterizos, como el ecuatoriano puerto El Carmen.
EL COMERCIO llegó a ese sitio el miércoles y habló con el director de Desarrollo Sociocultural del Municipio local, Marco Ocampo. Él señala que es difícil identificar a los sospechosos y a las víctimas, pero sabe que cuando ingresan se van a Lago Agrio y a otras ciudades de la Amazonía.
Pobladores de puerto El Carmen cuentan que las mujeres llegan en botes o carros y van acompañadas de hombres que las llevan a burdeles de Shushufindi, Cuyabeno, Coca y Lago Agrio.
El reporte de OIM también señala esos puntos como lugares de destino, mientras que agentes de la Policía aseguran que los victimarios hacen que las jóvenes roten de local en local. Por lo general, las tienen entre 15 y 20 días en un sitio y luego las llevan a otro. Con eso evitan que conozcan a personas y denuncien lo que pasa.
Como no tienen un lugar fijo para quedarse, las chicas llevan su ropa solo en maletas.
Karen es una de ellas. El jueves trabajaba en un centro de tolerancia en las afueras de Lago Agrio. Debajo de su cama se divisaba su maleta y contó que estaría un tiempo allí y que luego la llevarían a otro sitio. Ella es de Colombia.
En los poblados fronterizos de ese país también se habla de la trata de personas. En La Hormiga, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos pintaron las paredes con mensajes de prevención o piden a las víctimas que denuncien lo sucedido.
María, la dueña de un restaurante, conoce que grupos de hombres visitan a las mujeres en bares o almacenes de este poblado colombiano, con más de 200 000 habitantes, y les dicen que en Ecuador ganarán en dólares y que eso significa el doble y hasta el triple de sus ingresos actuales. Para convencerles también argumentan que en Sucumbíos nadie les conoce y que su familia no sabrá en lo que se emplea.
María dice que si aceptan, los sospechosos las llevan y les dejan en los centros de tolerancia y ya no pueden regresar.
La falta de acusaciones hace que los casos no se judicialicen. Para la gobernadora de Sucumbíos, ese es el principal problema. La funcionaria advierte que el aparente ingreso voluntario de las chicas no significa que no haya una estructura delictiva que las convence, las traslada, las explota y negocia con ellas.
Eso también asegura Jorge Cáceres, cónsul de Colombia en Ecuador. En esa oficina no hay estadísticas de jóvenes afectadas, pero conoce lo que ocurre. Por ejemplo, el mes pasado dos personas fueron detenidas en Morona Santiago.
Según las indagaciones, las víctimas, de origen colombiano, pasaron de Sucumbíos y arribaron a esa provincia.
En cambio, el jueves de la semana pasada, en Quito, fueron detenidas tres personas que aparentemente formaban una banda que ofertaba ilegalmente el trabajo de extranjeras.
Los investigadores capturaron a una mujer que presuntamente captaba a las víctimas a través de una falsa agencia de modelos, en Bogotá. Además, está arrestado un hombre que las trasportaba y otra mujer que se encargaba de organizar las citas con los clientes por valores que van entre USD 130 y USD 230. Por una noche, los interesados debían pagar USD 1 300, ese dinero iba a la banda.
La Fiscalía dice que las víctimas no tenían libertad para circular, vestían con la misma ropa todo el tiempo, de la casa podían salir solo a la farmacia y a la peluquería, pero acompañadas de una persona que es parte de la organización, sea la administradora o el conductor.
En el país, desde el 2014 hasta marzo del 2016 la Policía Nacional detuvo a 201 sospechosos de trata. Además, fueron rescatadas 546 víctimas, entre ecuatorianas y extranjeras.
En Sucumbíos, las investigaciones a las redes delictivas continúan, porque también hay víctimas ecuatorianas.