Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas se reunieron en la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Foto: EL COMERCIO.
Los representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas se reunieron la mañana del viernes 15 de mayo del 2015 en la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, en el centro de Guayaquil, para protestar por la resolución de la Superintendencia de Bancos que, según un informe de auditoría, habría determinado que los el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) tiene aportes estatales.
Con ese antecedente se dispuso que la gerente general del FCME, Betty Suque, cese en sus funciones y las sedes del Fondo sean custodiadas por la Policía Nacional. En medio de la presencia policial, que desde anoche resguarda la sede del FCME, los maestros reclamaron la mañana del 15 de mayo del 2015 que no existe ningún documento legal que autorice a la Policía para tomarse las instalaciones del Fondo.
Según Glenda Soriano, presidenta de la UNE del Guayas, la medida no tiene base legal.
“Con esfuerzo, todos los maestros hemos ahorrado USD 430 millones en todos estos años, que no nos van a quitar. Si ha habido mal manejo de fondos como dicen, o si hubiéramos recibido fondos del Estado no tendrían por qué irrumpir por la noche con la fuerza pública”, señaló.
Durante las protestas en esta sede, Luis Chancay, expresidente de la UNE y presidente del Frente Nacional Popular, fue detenido por las Policía cerca de las 09:30.
Soriano mostró a la Policía un documento emitido por el Biess con la resolución de que el fondo pase a ser administrado por esta entidad estatal.
La representante de la UNE señaló que en ese documento no se está citando ningún informe de auditoría, sino solo un oficio sin número que no corresponde a un informe oficial o final.
“La auditora KPMG no ha entregado ningún informe de auditoría. La auditora Lorena Cerna estuvo aquí en las oficinas del fondo hasta ayer y dijo que ni siquiera está listo el borrador del informe”, aseguró.
Juan Cervantes, dirigente de la UNE, añadió que desde 1991, cuando el FCME comenzó sus operaciones, los aportes recibidos fueron del 3% del salario básico de los maestros.
“El fiscal dice que hay presunta mala administración pública, eso es otra causal, no tiene nada que ver con lo que se está tratando aquí, que es el origen de los fondos del magisterio”, aseveró Cervantes.
El docente, además, hizo hincapié en que durante 23 años la Superintencia de Bancos ha certificado que el fondo de Cesantía sí ha cumplido con la normativa vigente. “No es coherente que de un momento a otro digan que hay mal manejo y vengan a irrumpir en las instalaciones”.