El documento es oficial y fue emitido el 21 de abril del 2015. En 11 páginas, el Consejo de la Judicatura detalla una lista de 73 profesionales que fueron designados como jueces en 13 provincias.
Por Guayas, el primer nombre que aparece en esa nómina es el de Lorena C., de 30 años, quien ahora es investigada por ataque y resistencia, un delito penado con privación de la libertad de seis meses a dos años, según el Código Integral Penal (art. 283).
El documento de abril del 2015 es la resolución 077-2015 firmada por Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, y Andrés Segovia, secretario. Se publicó en el Registro Oficial 492
del lunes 4 de mayo del 2015. Allí reza: “Vacante por destitución en la Unidad Judicial Florida de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayas se sugiere el nombramiento” de Lorena C.
Según consta en el Registro Oficial, los 73 elegibles pasaron por un concurso y luego por el curso de formación inicial de aspirantes a jueces. En ese proceso, Lorena C. obtuvo 95,61 puntos. En la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) están registrados dos títulos a nombre de la exjueza: abogada de los Tribunales de la República y magíster en Derecho Constitucional, ambos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
La Judicatura sostiene que la jurista “ganó un concurso transparente donde aprobó absolutamente todo y con buenas notas”. Entre las evaluaciones que superó está una de control disciplinario. Esto se resalta en la resolución 077-2015, en la que se advierte además que los funcionarios judiciales son personas “con trayectoria éticamente irreprochable”.
En mayo del 2015 Lorena C. empezó a laborar como jueza de la Niñez en Guayaquil. Sin embargo, en diciembre del 2015 había sido amonestada con cinco días sin remuneración y en septiembre de este año con 30 días de suspensión en sus funciones. Según la Judicatura, se abrió un expediente disciplinario en su contra por no presentarse en una audiencia.
La institución dice que la destituyó de su cargo de jueza el 28 de octubre del 2016 por reincidencia, lo cual fue considerado “negligencia”. Según Karina Peralta, delegada del Consejo de la Judicatura, un usuario se quejó de actuaciones que ella tuvo cuando estuvo en ese despacho.
En el 2016 se presentaron 616 denuncias contra jueces a escala nacional (hay 2 015 magistrados). De esas quejas, en 12 casos se comprobaron errores inexcusables, es decir, se detectó negligencia en la emisión de fallos y, por ello, hubo destituciones.
En un video que se viralizó se escucha a Lorena C. referirse a su designación, cuando es llevada detenida en el asiento posterior de una patrulla de la Policía: “¿Quieres probar mi poder, quieres morirte imbécil?, porque yo soy jueza (…) en los tribunales. Eso me consiguió mi exesposo, el mafioso más mafioso”.
Eso ocurrió el 17 de noviembre del 2016. Según el parte policial, Lorena C. se resistió al arresto y agredió a los agentes cuando protagonizaba un escándalo en un restaurante del norte de Guayaquil, donde supuestamente se negó a pagar una cuenta.
“Si quieres morir, hago una llamada y te mueres en 30 minutos”, dice Lorena C. al policía que conduce, en un video filmado por los agentes. En otro video, en la Unidad de Flagrancia, la exjueza también agrede verbalmente y amenaza a un uniformado. La mujer salió en libertad al día siguiente. Sin embargo, por lo ocurrido esa tarde, Lorena C. afronta un expediente judicial. El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal (30 días).
Para la Judicatura, estos hechos “no invalidan el proceso que se realizó (de selección de jueces)” y advierten que la exfuncionaria deberá responder por sus actos. Lo mismo asegura la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien también se pronunció sobre el comportamiento de la exjueza: “Si cometemos un delito tenemos, obviamente, que enfrentar la investigación y posible sanción en caso de haberlo cometido. Aquí y en todos los países agredir a funcionarios de la fuerza pública es delito”.
Mientras ese proceso avanza, el ministro del Interior (e), Diego Fuentes, ordenó a la Policía que investigue quién grabó y filtró los videos de la exjueza. “Se dispuso que se abriera una investigación administrativa para determinar los responsables de la autoría y de la difusión de estas imágenes”.
En el sistema judicial se conoce que la mujer comenzó como amanuense. Luego se convirtió en oficial mayor. Ese cargo ejerció en el juzgado quinto Civil de Guayaquil. Allí ganaba USD 1 400, según documentos de la Judicatura.