Diego Castillo Maldonado
El estar en la lista del GAFI, no solo perjudica la imagen del Gobierno, pues al fin y al cabo tomará este todas las acciones que estime convenientes para desvirtuar tal acusación. Lo preocupante son las implicaciones que para el comercio exterior del Ecuador tiene esta inclusión. Y lo paradójico es que tanto el Gobierno como el sector privado, desde sus propios campos, han ejecutado las medidas necesarias para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
Se han incautado en los dos últimos años más de 100 toneladas de droga, se han desmantelado varios laboratorios para la producción de cocaína, se han reforzado los controles en puertos, aeropuertos y fronteras; se creó la Unidad de Investigación de delitos financieros, se aprobó la Ley de lavado de activos; existe el proyecto para modificar la ley de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
Por su parte, el sector privado ecuatoriano, especialmente el que tiene que ver con las actividades de comercio exterior, ha invertido miles de dólares en mejorar su sistema de seguridad; en ser muy cuidadosos en seleccionar empresas con las que se hará algún tipo de negocios, Miles de empleados, utilizando miles de horas/hombre, se han capacitado en técnicas para identificar y reportar actividades sospechosas; el sector privado se autoimpone medidas muy estrictas de seguridad para reducir la posibilidad de que sus procesos sean utilizados por los narcotraficantes, los terroristas o quienes intenten lavar dinero a través de sus operaciones. Solo en los últimos tres años, más de 20 000 empleados han recibido algún tipo de instrucción en temas de seguridad en la cadena logística; estos empleados laboran en empresas que han sido sometidas a más de 5000 horas de auditorías para certificar sus procesos de seguridad.