23 de marzo de 2020 00:00

3 665 líneas suspendidas por un mal uso

Daniel Méndez, operador, recibe llamadas de consulta por el estado de excepción

Daniel Méndez, operador, recibe llamadas de consulta por el estado de excepción. Foto: Galo Paguay / El Comercio

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Diego Puente
Redactor (I)

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La llamada ingresó a las 10:15. La contestó un operador del servicio de atención de emergencias ECU-911. Al otro lado de la línea, una mujer dijo tener síntomas de coronavirus y recibió instrucciones: “Dígame su nombre y su edad, por favor. ¿Presenta fiebre o tos? Permítame, la voy a transferir”.

Esta escena se registró el jueves último en las instalaciones de ese centro de auxilio.

Las comunicaciones por coronavirus pasan a uno de los 18 doctores, tecnólogos y paramédicos que están en el edificio en cada turno. Los síntomas que dijo tener la mujer no correspondían al virus. Uno de los médicos señaló que se trataba de una gripe y los datos los ingresó en su computador. De inmediato entró otra llamada.

Los teléfonos no paran de sonar. Antes de la firma del estado de excepción, el lunes pasado, se contabilizaban a escala nacional 743 atenciones cada dos horas. Ahora, el número se incrementó cinco veces. Es decir, hay más de 3 500 llamadas en el mismo periodo. Esto satura el sistema y en las horas más críticas hace que haya hasta 14 usuarios en espera.

Las inquietudes por síntomas relacionados con afecciones respiratoria y con las restricciones a la movilidad son las más comunes. Daniel Méndez, operario con ocho años de experiencia, contó que a lo largo de esta semana ha atendido a personas que consultan si pueden salir con sus perros a pasear, cómo pueden obtener su salvoconducto o qué deben hacer si son detenidos por infringir las restricciones de movilidad. Él calcula que de cada 10 llamadas una tiene que ver con “emergencia verdadera”.

Los especialistas lamentan que pese a la coyuntura no hayan cesado “las bromas”. Esta versión la corrobora el director del ECU-911, Juan Zapata. “Hay gente irresponsable que llama a pedir papas fritas, hamburguesas, colas o se ríe o grita antes de colgar de inmediato”.

Estas comunicaciones perjudican la respuesta del sistema de emergencia. Por eso se optó por activar el procedimiento de sanciones. La semana pasada, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones suspendió.

3 665 líneas de diferentes operadoras por pedido del ECU-911. Este número subirá, pues otros expedientes ya fueron remitidos a la agencia para que se ejecute el castigo. En una semana normal, el número de suspensiones de líneas llega a un máximo de 2 900.

El Código Penal (art. 396, numeral 3) también sanciona con cárcel de 15 a 30 días a quienes hacen mal uso del número 911 y obligan al desplazamiento de recursos de manera indebida.

Los 80 operarios del sistema en Quito se turnan para trabajar las 24 horas. En el ECU-911 se han adoptado medidas de protección para no convertir sus instalaciones en centros de propagación del covid-19.

Por ejemplo, la mitad trabaja en la sala de operaciones y el resto en la de videovigilancia. Con esta distribución, se evita el contacto al dejar como distancia un puesto vacío.

Desde la sala de videovigilancia se ve en pantallas gigantes cómo la gente irrespeta las restricciones. Desde aquí se alertó la presencia de libadores el miércoles último; estaban concentrados en la Tribuna De los Shyris, a minutos de que se inicie el toque de queda.

El evaluador Jorge Murillo está pendiente de cualquier hecho que vaya contra las disposiciones del estado de excepción. Desde su puesto observa que todavía existen dueños de locales que abren papelerías, cibercafés, licorerías. El funcionamiento de estos negocios no está permitido. También ha observado a vendedores ambulantes en las calles o a deportistas en los parques.

Cuando se registra una de estas anomalías, hace una captura de pantalla, emite un informe y coordina con la Policía.

En las paredes del centro hay carteles que piden a los trabajadores no saludarse con apretones de manos ni besos.

En un protocolo se exige tomar la temperatura a cada funcionario tres veces al día. Y se estableció de manera obligatoria el uso de gel antiséptico.

Las medidas de bioseguridad se inician desde la entrada. Dos lavacaras con cloro y trapos se usan para desinfectar los zapatos. El personal se para una sola vez durante cada turno. Lo hace mientras se procede a la fumigación de la central.

Por normas de bioseguridad se dirigen a un espacio en el parque Itchimbía durante una hora hasta que los químicos actúen. La idea es que no los afecte.

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