8 de noviembre de 2018 08:33

15 970 licencias ilegales activas, ocho meses después de denuncia

Esta es el área en donde se entregan las licencias de conducir, en la ANT. Foto: Archivo / el comercio

Esta es el área en donde se entregan las licencias de conducir, en la ANT. Foto: Archivo / el comercio

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Redacción Seguridad

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Ocho meses después de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) denunciara que una organización delictiva ‘hackeara’ su base de datos y entregara ilegalmente 15 970 licencias de conducir, estos permisos aún están habilitados.

La información fue confirmada por el director de esta entidad, Álvaro Guzmán. En una declaración rápida aseguró que en este momento el proceso se encuentra en el Consejo de la Judicatura y que está a la espera de que el ente judicial indique cuándo se suspenderán los documentos ilegales.

Este Diario consultó sobre el tema al director de la Judicatura, Juan Vizueta, y manifestó que en la Dirección del organismo no hay información alguna respecto del tema.

Una vez conocido el caso, en marzo, el entonces director de la Agencia de Tránsito, Pablo Calle, convocó a una rueda de prensa y dijo que “todas las licencias entregadas fraudulentamente serán anuladas”.

En la Fiscalía, el caso es investigado en la Unidad de Delitos informáticos y el expediente se encuentra bajo reserva. El Código Penal (art. 585) dice que la indagación previa puede durar hasta un año en los delitos sancionados, con hasta cinco años de cárcel.

Mientras que en los delitos penados con prisión de hasta dos años, la investigación reservada puede tomar dos años.

En el caso del uso de documentos ilegales, como las licencias, la pena va de 5 a 7 años.

El delito fue detectado por la ANT mediante una auditoría interna que determinó que los ‘hackers’ ingresaron al sistema informático de la institución a través de programas externos y fuera de horas laborales.

Desde domicilios particulares entregaron 15 970 licencias de conducción, aumentaron 26 802 puntos en los permisos de conducción y se borraron 14 583 infracciones de tránsito.

Licencias ilegales activas

En la denuncia presentada en la Fiscalía se dice que entre diciembre del 2017 y enero pasado, la red de ‘hackers’ recibió USD 3 millones por la venta de documentos y por modificar el historial de conducción.

Por una licencia cobraban entre USD 250 y 4 000. Por los demás servicios ilícitos exigían de USD 100 a USD 5 000, según los investigadores.

De todas las licencias entregadas ilegalmente, 1 300 fueron otorgadas a conductores de buses de servicio público.

La Asociación de Cooperativas de Transporte Público dice que después de conocer el hecho pidió a la ANT que entregara un listado con los nombres de quienes se beneficiaron fraudulentamente, pero que no le han hecho llegar.

Abel Gómez, presidente de esta organización, asegura que los pedidos fueron enviados en “varias ocasiones”.

Esta información tampoco ha llegado a las cooperativas, salvo a la Turismo Oriental.

Su gerente general, Ángel Cantos, dice que recién hace tres semanas la ANT envió un listado con los nombres de las personas que accedieron fraudulentamente al permiso de conducción.

La idea fue que esa empresa identificara si allí trabajan personas con esos documentos.

Una vez realizada la verificación, Cantos dice que ningún nombre remitido concuerda con quienes conducen allí.

En la Cooperativa Transportes Ecuador, que cubre la ruta Quito-Guayaquil, sus representantes aseguran que la ANT no ha notificado ningún dato al respecto.

Sofía Molina, gerenta de esta empresa, dice que la contratación de choferes ha continuado normalmente y que no han identificado licencias ilegales.

En esa cooperativa uno de los requisitos que se exigen es un certificado de la ANT, en el cual se indica cuánto tiempo tiene el documento de conducción, en dónde lo obtuvo y en qué escuela se capacitó.

“Este requisito es la garantía que nos permite saber si las licencias fueron obtenidas de manera legal”, señala Molina.

La oferta de estos documentos se hacía a través de Facebook, Twitter, en páginas de comercio electrónico y mediante ‘tramitadores’, quienes atraían a los conductores afuera de las agencias de tránsito y de las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Los intermediarios ofrecían un “servicio personalizado” e incluso prometían entregar los permisos de manejo, aunque el interesado haya reprobado las pruebas de conducción y el examen teórico.

Luego de hacerse pública la denuncia, el Sindicato de Choferes de Pichincha rechazó “cualquier forma de acceso a una licencia de conducir sin preparación previa”. El grupo también solicitó que se haga público el listado con los nombres de los beneficiarios.

Ayer, el secretario general del Sindicato, Fabricio Vivanco, recordó que la única respuesta recibida de la Fiscalía ha sido que el caso está en indagación previa.

En el sindicato exigen “celeridad” para anular las licencias. “Resulta un peligro tener en las carreteras a conductores que no han sido capacitados de ninguna forma”, sostiene Vivanco.

La ANT ha dicho que la entidad ha cumplido con entregar las denuncias y que están colaborando con todos los procesos que la investigación exige.

Datos de la ANT indican que 99 personas tenían “acceso sin control” al sistema de la Agencia de Tránsito y que los ‘hackers’ vulneraron cuatro herramientas informáticas: gestión de ­licencias, gestión de infrac­ciones, matriculación vehicular y emisión de certificados.

Para acceder a cada una, la organización delictiva empleaba usuarios y claves obtenidas de forma ilegal.

También se registraron accesos con programas no autorizados y operaciones fuera de los horarios de trabajo, incluso desde el exterior.

En la auditoría que reveló el delito, la Agencia de Tránsito también detectó fallas en el sistema de seguridad informática de esa institución.

Entre los problemas estaba la falta de una opción en el sistema que permita hacer el seguimiento a todos los documentos que se emiten y las operaciones que se realizan.

En marzo, cuando se detectó el delito, la ANT también dijo que solicitará una auditoría a la Contraloría General.

En diciembre pasado ya se detectó un primer caso de adulteración del sistema informático de la Agencia de Tránsito y se detuvo a 52 personas, entre ellas a 25 servidores de esa entidad, de la Comisión de Tránsito y de los municipios.

Ahora se investiga si estas personas tenían relación con la banda de ‘hackers’ que actuó en marzo pasado.

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