17 de marzo de 2018 00:00

Usar licencias falsas, delito sancionado con pena privativa de libertad

La ANT denunció que las claves de acceso de sus funcionarios fueron hackeadas por una organización delictiva que otorgó ilegalmente 15 970 licencias de conducir. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La ANT denunció que las claves de acceso de sus funcionarios fueron hackeadas por una organización delictiva que otorgó ilegalmente 15 970 licencias de conducir. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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María Belén Merizalde

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Augusto C. vive en el sur, trabaja en el norte como conserje y jardinero de un edificio. Se compró un auto, pero no tenía licencia para conducir. Un amigo le dio un contacto y pagó USD 200 para que le realizaran el trámite.

Obtuvo su licencia y con ella se moviliza desde hace cuatro meses. No se sorprendió al escuchar la noticia sobre la red que ‘hackeaba’ las claves de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual habría emitido ilegalmente 15 970 licencias de conducir. A su criterio, esa es una práctica común y cree que no corre ningún riesgo, porque quienes cometieron el ilícito, según su visión, fueron los que le ofrecieron el documento.

Sin embargo, a decir del penalista Ramiro Aguilar, esto no es tan cierto. “Esas licencias son un documento materialmente auténtico, pero con un proceso de emisión fraudulento, lo que las transforma en un documento falso. La gente que obtuvo estas licencias nunca se sometió al proceso de evaluación que exige la ANT”.

Por ello, el jurista afirma que las personas que consiguieron su permiso de conducir a través de esta red podrían enfrentarse a un proceso penal.

El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre falsificación y uso de documento falso, dice que quien “falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. El uso de estos documentos falsos será sancionado con las mismas penas”.

Ramiro Román, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, coincide en que quien obtuvo una licencia de forma ilegal también estaría cometiendo un delito al usarla, pero explica que si la persona desconocía la forma en que se consiguió ese documento no puede ser responsable del acto. Aguilar, en cambio, dice que quienes pagaron por la licencia falsa conocían sobre el ilícito, pero sostiene que si se investiga a las más de 15 000 personas que tienen la licencia falsa, sería la primera vez que se lleve a cabo un proceso de tal magnitud.

La denuncia sobre este caso fue presentada por la ANT el 15 de marzo y de allí, según los juristas, la Fiscalía deberá iniciar una investigación previa que podría tardar un año.

Para Aguilar es fundamental determinar si hubo ‘hackeo’ de la red de la ANT o los funcionarios utilizaron sus claves para, de forma organizada, cometer el ilícito; si es así, el jurista sostiene que se podría iniciar un proceso por cohecho, cuya sanción es de tres a cinco años. Y si existiera un ‘hacker’ a través del cual se consiguió el ingreso al sistema de la ANT, este recibiría la misma pena.

Román afirma que se debe diferenciar que por un lado existiría el ‘hackeo’ de un sistema informático y, por otro, la emisión de documentos públicos, que se constituyen como prueba documental.

La Fiscalía deberá determinar si se abre un proceso en cada jurisdicción en donde se cometió el delito, o si se abre un solo proceso en Quito.

Según la ANT, la denuncia fue presentada tras detectar bajo rendimiento del sistema por actividades inusuales en la red, equipos de seguridad para el acceso al sistema con configuraciones básicas, sistema de antivirus no actualizado o no habilitado, accesos remotos sin autorización, etc.

Luis Enríquez, experto en seguridad informática, explica que la seguridad de los sistemas en el sector público es sumamente vulnerable, debido a que no se cumplen los protocolos necesarios para reducir el riesgo de este tipo de ataques. “Habría que hacer una auditoría informática forense para detectar las causas que llevaron a que se viole seguridad del sistema de la ANT”.

Esta presunta red también habría borrado 14 583 infracciones. Del total de licencias entregadas de forma fraudulenta, 636 fueron para choferes profesionales.

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