23 de octubre de 2019 18:05

Jorge Calderón, dirigente del taxismo, salió de la Cárcel 4 la tarde de este 23 de octubre del 2019

El dirigente del taxismo Jorge Calderón salió de la Cárcel 4 este 23 de octubre del 2019. Foto: EL COMERCIO

Jorge Calderón fue detenido el viernes 4 de octubre del 2019, en medio de una paralización en contra de las medidas económicas. Foto: Captura

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Redacción Seguridad

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Los compañeros lo levantaron en hombros y vitorearon su nombre. El dirigente del taxismo Jorge Calderón salió a las 18:00 de este miércoles 23 de octubre del 219 de la Cárcel 4, en el norte de Quito, en medio de aplausos.

En videos difundidos por la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis) se observa a Calderón salir por una de las puertas grises del centro carcelario.

Inmediatamente es abordado por otros miembros de la organización, quienes lo levantaron en hombros ¡Viva el taxismo ecuatoriano!, gritó el dirigente. ¡Viva!, respondieron quienes lo esperaban en la calle. Luego se escuchó ¡ras, ras, ras Jorge Calderón!


Horas antes, dos jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dejaron sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra. Calderón permaneció 19 días en prisión, fue detenido el pasado 4 de octubre en medio de las movilizaciones que paralizaron al país por las medidas económicas.

 Este miércoles, la Fiscalía señaló que la decisión judicial se tomó pese a que el personal que investigó el caso fundamentó “la necesidad de mantener la prisión preventiva”.

Calderón es uno de los diligentes que encabezó la paralización el transporte, que comenzó ayer a escala nacional.

Jorge Calderón fue detenido el viernes 4 de octubre del 2019, en medio de una paralización en contra de las medidas económicas. Foto: Ministerio de Gobierno


Con la resolución de los dos jueces, Calderón deberá presentarse una vez por semana ante un juez, mientras se desarrolla el proceso legal en su contra. Además, tiene prohibición de salida del país. Es acusado de paralización de servicio público.


El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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