17 de June de 2009 00:00

Libertad de expresión

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Manuel Terán

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Si la Constitución, aprobada en referéndum por decisión de la mayoría de ecuatorianos, garantiza a toda persona el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus  manifestaciones, ¿puede una ley que tiene sus orígenes en un gobierno de facto contradecirla?

La respuesta se halla en el mismo texto constitucional, cuando establece como principio fundamental que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales.

En consecuencia, pensar que la sola existencia de una norma jurídica que prevé sanciones para los medios  que supuestamente emitan información errada (¿quién define el error si está garantizando recibir y difundir información sin censura previa?) que, como silogismo inexorable tiene que aplicarse, no es del todo cierto.

Existen principios básicos inherentes a la persona  que constituyen derechos fundamentales llamados a respetarse, si no se lo hace caeremos en el abuso, el atropello, el irrespeto a las normas básicas de la democracia.

Así se lo entiende en los foros internacionales. No puede haber respeto a los derechos humanos si se niega la posibilidad de las personas a expresarse con libertad, a comunicar los hechos, a difundir la opinión de personas que se expresan en las calles. Lo contrario sería someter toda producción al control de un censor previo que acomode y edite las noticias al gusto de la autoridad que haya emitido una norma que, en el momento que empieza a actuar como veedor, irrumpe en el fangoso terreno de la inconstitucionalidad y el atropello a los derechos.

La democracia no se construye así. No se requiere solo ganar elecciones sino convencer, con legitimidad, de lo conveniente de un programa político. Si se discrepa con esos postulados, el gobernante está en la obligación de respetar el derecho de sus opositores a que expresen sus puntos de vista en contrario.

Si, en cambio, se utilizan normas obsoletas e inconstitucionales para amenazar o se construyen ‘novedosos’ mecanismos que sirvan para monitorear el contenido de programas, que  sirven para intimidar, no se puede hablar de respeto al orden democrático.

La amenaza está allí. No sólo por las acciones emprendidas, sino por el martilleo constante de epítetos contra la prensa. Parecería que en vez de avanzar retrocedemos aceleradamente con la preocupación adicional que no son pocos los que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, coinciden con esa tergiversada visión de democracia que, sin respeto a la opinión ajena, está condenada a desaparecer.

Paradójico, además, porque los que más usufructuaron de la libertad de opinión, aún rayando en el abuso de la creación del escándalo inexistente, son los que ahora buscan imponer una lápida de silencio, rindiendo homenaje a sus equívocos.

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