19 de agosto de 2019 06:53

La libertad o la cárcel esperan a salvadoreña acusada del homicidio de su bebé al dar a luz

Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año.

Evelyn Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año. Foto: AFP

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Agencia AFP

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La absolución o la cárcel esperan este lunes 19 de agosto de 2019 a la salvadoreña Evelyn Hernández, cuando un juez dicte sentencia por la muerte de su bebé al dar a luz, luego de quedar embarazada por una violación, en un caso emblemático que expone la implacable legislación contra el aborto en este país centroamericano.

Es el broche final de un juicio abierto el 16 de julio y que concluyó el jueves y viernes pasados con los testimonios de seis testigos, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido una lapidaria sentencia de 40 años de cárcel para la mujer de 21 años.

El fallo lo dictará el juez José Jurado Martínez a las 11:00 locales de este lunes en el centro de Justicia de la localidad de Ciudad Delgado, periferia noreste de San Salvador.

“Nos encontramos esperanzadas y positivas para una absolución, sin embargo estamos claras que cualquier cosa puede suceder, y tener una condena en nuestro país no sería nada raro”, declaró a la AFP Elizabeth Deras, una de las abogadas defensoras e integrante de la Colectiva Feminista.

“Haga justicia”

Al cierre de la audiencia del viernes la Fiscalía declinó replicar los argumentos de la defensa, por lo que el juez le otorgó la palabra a Hernández.

“Solo le pido a usted que haga justicia, porque yo soy una muchacha de 21 años con muchas metas a seguir adelante, seguir estudiando, poder ayudar a mi madre a salir adelante con mis hermanos, y solamente le pido a usted que haga justicia porque yo soy inocente de lo que me acusan”, exclamó.

Hernández había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel, pero la sentencia fue anulada en febrero de este año.

El caso se remonta al 6 de abril de 2016, cuando la joven, tuvo un “parto extrahospitalario” en una letrina. Luego, al llegar a un hospital de la oriental ciudad de Cojutepeque, quedó detenida y acusada de homicidio agravado.

Inicialmente se informó que el embarazo había sido producto de una violación cuando tenía 17 años, aunque ahora las abogadas defensoras se abstienen de hablar públicamente de las circunstancias a pedido de Hernández, quien vive en una comunidad bajo influencia de pandillas.

Durante el proceso, el parte del Instituto de Medicina Legal no fue concluyente sobre lo ocurrido en el parto, aunque la defensa está convencida de que el niño nació muerto porque aspiró meconio, el primer excremento que, al ser expulsado dentro del vientre, causa daño al feto.

En respuesta a un recurso de casación de la defensa, en octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia de 30 años de prisión por homicidio agravado por “falta de fundamentación e infracción a las reglas de la sana crítica” en las pruebas presentadas.

Ante la contundente resolución de la Corte, en febrero fue ordenada la libertad de la joven y la apertura de un nuevo juicio con un tribunal diferente, tras pasar 33 meses en la cárcel.

En el juicio que está por finalizar, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el cargo contra Hernández, quien ya no fue acusada de homicidio agravado (con dolo y premeditación), sino de homicidio agravado por omisión (por negligencia, al no auxiliar a la criatura).

Voluntad criminalizadora

“Estamos ante una voluntad sumamente criminalizadora de las mujeres pobres que afrontan emergencias obstétricas”, declaró a la AFP la coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Morena Herrera.

A su juicio, la Fiscalía no demostró que Evelyn tenía “la voluntad de matar” porque ella afrontaba una “verdadera emergencia” en un área rural sin asistencia médica, al grado de quedar inconsciente por la hemorragia que sufrió.

En El Salvador actualmente hay 16 mujeres encarceladas por abortos, algunas de las cuales sufrieron emergencias obstétricas, bajo la legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.

El Código Penal salvadoreño, en su artículo 133 establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto -incluso los espontáneos- como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada.

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