Redacción Política
Faltan 44 días para que se cumpla el plazo de 360 días que dio la Asamblea Constituyente, para la aprobación de las 11 leyes estructurales de la nueva Carta Política. Cinco ya están en manos de la Legislatura (ver breves adjuntos).
Las otras tres aún no las remite el Ejecutivo a la Asamblea. Se trata de las leyes de Comunicación, de Educación y la de Deportes.
Las leyes que están en la Legislatura se encuentran en trámite y las comisiones especializadas afinan sus cronogramas para cumplir con los plazos para la socialización de la propuesta, así como la redacción de los informes que serán conocidos por el Pleno de la Asamblea. Ayer, las comisiones de Seguridad Alimentaria y de Régimen Tributario iniciaron el plazo de 15 días para la socialización de los proyectos de recursos hídricos y la reforma tributaria.
Esta última no es parte del paquete de normas que son necesarias para la efectiva aplicación de la Constitución y que constan en las Disposiciones Transitorias.
Mientras tanto, las leyes que regulan el funcionamiento de la Corte Constitucional, de la Defensoría Pública y Ley Penal y de Procedimiento Penal Militar y Policial ya fueron aprobadas. Las tres últimas fueron parte en el Código de Justicia, que aprobó la Comisión Legislativa.
La Ley de Seguridad Pública está por concluir el trámite. La semana anterior, el Ejecutivo vetó varios aspectos de la Ley y para mañana está convocada la Comisión de Soberanía para redactar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea.
El presidente Fernando Cordero comentó que las comisiones tendrán los plazos suficientes para socializar las propuestas.
Hoy se vuelve a reunir el Pleno. Los dos puntos de la agenda son: conocimiento del veto a la Ley de Empresas Públicas y la discusión en segundo debate de una reforma al Mandato Constituyente 10, que se refiere a que los usuarios de celulares conserven su número si cambian de operadora.
Los proyectos de ley que se analizan
El Código Territorial reemplaza a las leyes de Régimen Provincial, Régimen Municipal, de las Juntas Parroquiales, la que Distribuye el 15% del presupuesto a los gobiernos seccionales. El objetivo de este Código es establecer las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. También legisla la creación de las siete regiones, que ya están en la Constitución. Discute la Comisión ocho.
La Ley que regula el uso de los recursos hídricos propone un nuevo esquema para la administración de todas las fuentes hídricas. Según la iniciativa, el Presidente de la República, será el responsable de la política en esta materia, También plantea la revisión de las concesiones para el uso de las fuentes de agua. Crea la Autoridad Única para el control de estas actividades. Tramita la Comisión de Soberanía Alimentaria.
La Ley que regula el Servicio Público propone un cambio en el manejo de la burocracia. Entre otros aspectos legalizará la evaluación de los funcionarios públicos, estandarizará las escalas salariales en las instituciones que dependen del Gobierno Central con las de las instituciones autónomas. Se plantea que todos los cargos en el sector público serán llenados previo el concurso de merecimientos y de oposición.
La Ley que regula la Participación Ciudadana la empezó a discutir la Comisión de Participación del ‘Congresillo’. Apunta a formular los mecanismos para impulsar la participación de la comunidad en todas las instancias de ejercicio del poder público, sin que la organización y las directrices surjan desde el Estado. La discusión de la iniciativa se desarrolla en la Comisión de Participación Ciudadana.
La Ley que organiza el Registro de Datos, en especial de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad, apunta a establecer sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales. El proyecto de ley fue presentado por Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico. El proyecto se llama: Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Prendas Especiales de Comercio.
La Ley de Comunicación todavía no se ha presentado a la Asamblea Nacional. La Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República trabaja en la redacción de la iniciativa que apunta a desarrollar los principios constitucionales sobre la comunicación. Otras agrupaciones sociales y políticas también trabajan en la organización de talleres para recoger criterios en torno a esta iniciativa legal. Tramitará la Comisión de lo Económico.