5 de September de 2009 00:00

Ley sobre el VIH

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Jaime Bejarano

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Ante la ineficiencia de los poderes públicos para asegurar el bienestar de los grupos vulnerables en los países subdesarrollados, está surgiendo una movilización de lo que ahora se denominan “sociedades civiles”, las que organizadas en agrupaciones, asociaciones, corporaciones, entidades sin fines de lucro y otras formas de cofradía voluntaria intentan suplir la inoperancia estatal en materia de salud de aquellos conglomerados ciudadanos desvalidos y abandonados.

Uno de estos entes gregarios es el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (Cedeal) que, con el auspicio de las ONG “Pan para el Mundo”, ha presentado ante la Asamblea un proyecto de ley integral sobre la prevención del VIH-Sida, que reemplace jurídicamente a la actual normativa vigente, enfocando a la pandemia más allá de su ángulo médico y biomédico, proyectándola hacia sus verdaderas causales, donde sí funcionan los planes de preservación humana ante dicha patología.

El proyecto es producto de ponencias, estudios científicos, estadísticas de morbilidad, realidades psico-sociales y otras investigaciones socio-familiares en un fenómeno epidemiológico cuyos pacientes están privados de un real acceso masivo al tratamiento, medicación y rehabilitación de una pandemia que, hasta la fecha, afecta a mas de 15 mil ecuatorianos de ambos géneros, con aterradoras proyecciones numéricas, exponencialmente multiplicadoras en un cercano futuro.

El innovador concepto legal de la nueva ley propuesta por el Cedeal se basa en catalogar como uno de los derechos humanos al acceso a la prevención y curación del sida, desde una perspectiva de un sano desarrollo poblacional, privilegiado por la erradicación total de la segregación y estigma que actualmente sufre el enfermo de aquella dolencia, tanto dentro de su círculo familiar como de su entorno laboral y social.

La actual experiencia de la acelerada y tumultuosa propagación  epidémica del trasnmisor contagiante del virus AH1N1 o gripe porcina en el Ecuador y el resto del mundo, así como su incidencia indiscriminada  en estratos populares y elitistas, actualiza y compele a legislar contra los riesgos  de contagio del sida, adoptando políticas de Estado salubristas  y protectoras de los derechos a una buena salud, acorde al art. 32 y a la Sección Segunda del Título VII (arts. 358 al 366 inclusive) de la Constitución de la República.

Desde 1984, en que apareció el primer caso de sida en  Ecuador, hasta fines de 2007, su diseminación pestífera en la población ha alcanzado guarismos alarmantes por la resistencia del vector VIH al tratamiento antirretovírico, según el Ministerio de Salud. Por eso, es urgente que una nueva legislación abarque aspectos de educación sexual y reproductiva, como tema prioritario de salud pública.

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