22 de septiembre de 2019 12:00

Ley impide vender proyectos de vivienda en el Centro Histórico de Quito

En el antiguo Hotel Colonial hay 27 unidades de vivienda listas. Cada una cuenta con acabados, pero aún no pueden ser vendidas. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

En el antiguo Hotel Colonial hay 27 unidades de vivienda listas. Cada una cuenta con acabados, pero aún no pueden ser vendidas. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Ana Guerrero
Redactora (I)

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Motivar la residencia de la comunidad en el Centro Histórico de Quito es una consigna que se ha perseguido en distintas administraciones municipales e incluso desde el Gobierno Central. Promoverla en bienes patrimoniales públicos tiene una traba: la prohibición de vender.

La Ley de Cultura, en el Artículo 64, señala: “Los bienes del patrimonio cultural nacional de titularidad y posesión pública son inalienables, inem­bargables e imprescriptibles”. Debido a este pasaje de la norma, expedida en el 2016, hay proyectos listos y no pueden ser ofertados. Las 27 unidades en el antiguo Hotel Colonial son una prueba.

La intervención, que requirió de una inversión de USD 725 por metro cuadrado, fue realizada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y la Junta de Andalucía. El bien está listo desde el 2015 y las únicas personas allí son los guardias y trabajadores de mantenimiento.

Los departamentos de uno, dos y tres dormitorios se levantan a un costado de las avenidas Maldonado y 24 de Mayo. El bloque A tiene 11 y el B, 16. Las áreas oscilan entre 33,89 m² y 124,23 m². El ingreso está resguardado por la imagen de la Virgen de El Quinche.

Otro ejemplo es la Casa San Diego (Chimborazo y Mariscal Sucre), con una inversión igual por metro cuadrado. Son cinco viviendas para ser ofertadas. La historia se repite: no se pueden vender.

El Edificio Riofrío también tenía fines de vivienda, con 16 soluciones habitacionales. No obstante, fue entregado al Patronato San José para el proyecto de acogimiento de habitantes de vida en la calle. 60 usuarios recibirán los servicios.

La concejala y presidenta de la Comisión de Áreas Históricas, Luz Elena Coloma, confirma que los inmuebles están listos, pero “cerrados con llave”.

Podría darse una figura de arrendamiento, pero el objetivo no es ese, pues los proyectos fueron concebidos como vivienda de interés social. Y “el espíritu del Municipio no es ser un arrendador. Sino promover vivienda”.

En palabras de Alfonso Ortiz, excronista de la Ciudad, “la vivienda es el soporte de un centro histórico: quienes hacen ciudad son los ciudadanos”.

De ahí que desde varios frentes, incluidos el Municipio, el Instituto Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Cultura, se plantea una propuesta de reforma a la normativa.

Joaquín Moscoso, director nacional de Patrimonio Cultural, puntualiza que desde hace un año se planteó la necesidad del cambio. Y que la ley contempla la restricción porque antes se podía subastar o vender, por ejemplo, bienes arqueológicos. Pero lo que no hace el Art. 64 es poner una excepción para casos como el de los predios intervenidos por el Municipio.

Según Coloma, la propuesta de reforma a la Ley ya llegó a oídos de legisladores como el exconcejal Fabricio Villamar.

El planteamiento va atado a una realidad. De acuerdo con datos del portal del Instituto de la Ciudad, la población de la parroquia Centro Histórico ha pasado de registrar 58 300 habitantes en 1990 a 50 982 en el 2001; 40 587 en el 2010. La proyección para el 2014 fue de 36 610.

Entre 1990 y 2001 se estableció una tasa de decrecimiento demográfico de -1,2%; y entre 2001 y 2010 de -2,5%. Para el 2010, la densidad poblacional presentó niveles bajos, aunque en las zonas que circundan al núcleo central se vio que hay mayor población.

En ese último año, la densidad global fue de 108,2 habitantes por hectárea y su densidad urbana de 110,4. Los índices más altos se registraron en San Roque, La Victoria y La Tola.

Coloma le apuesta a que los predios municipales sin un uso definido podrían ser parte de la premisa de que la comunidad vuelva al Centro, como las casas ubicadas en La Ronda. Para la intervención hay varias vías, como motivar la inversión privada e internacional.

Moscoso refiere que el 94% de las edificaciones inventariadas a escala nacional se encuentra en manos privadas. En el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (Sipce) hay un registro de 1 353 bienes inmuebles estatales en el país.

El IMP da cuenta de que en el Centro, 107 bienes pertenecen a entidades públicas. De estos, 53 son municipales. El Instituto asegura que estos tienen la custodia respectiva.

Pero como el grueso de los predios inventariados son privados, Moscoso alude a que, además, es fundamental pensar en establecer políticas públicas vinculadas al acceso a créditos y a incentivos.

La Ley también ha sido una traba para procesos como el que este año llevó a cabo el Servicio de Gestión Inmobiliario del Sector Público (Inmobiliar): una subasta de la Casa Mejía (Venezuela y Mejía). No se ha podido hacer el traspaso por la prohibición legal.

Sin embargo, los resultados de la Encuesta Multipropósito del Distrito 2016 dan cuenta de que a pesar del “vaciamiento” demográfico, el Centro aún es un importante espacio de trabajo y vivienda".

En contexto

El Municipio tiene proyectos habitacionales listos. Un apartado de la Ley de Cultura evita que puedan ser vendidos. El ­Municipio, así como el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, plantea una reforma a la norma.

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