17 de September de 2009 00:00

La ley uruguaya

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Alfredo Negrete T.

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Resulta injusto identificar a la República Oriental del Uruguay como un país de la ribera continental del Atlántico con una pequeña población, ubicada en una limitada geografía entre países de inmensas magnitudes como son  Brasil y Argentina. Los orientales son mucho más. Son herederos de una tradición democrática y cultural, interrumpida solo por el lapso en que duró la guerra sucia  entre el terror de los extremistas y el horror de Estado que compitió con otros regímenes sanguinarios del Cono Sur.

Los uruguayos son herederos de una tradición heroica, educativa y deportiva de singular trascendencia. Garibaldi, Rodó, Benedetti, Onetti, como Obdulio Varela vistiendo la celeste, deben ser ejemplos para pueblos encandilados por gobiernos populistas y autoritarios.

Con estos antecedentes, el 10 de junio de 2009, el Senado y la Cámara de Representantes del Uruguay, expidieron una Ley de Comunicaciones que merece algunas consideraciones, pues coincide con los proyectos que se discuten en el Ecuador y cuando el Gobierno utiliza el subterfugio de hacerlo por algunos de sus legisladores y cumplir con su inocultable objetivo que es controlar a la prensa.

De la concisa legislación uruguaya -10 artículos- es necesario destacar algunos básicos. En el primero, se considera de interés general la promoción de las actividades de los medios de comunicación y específicamente la de los periodistas en todos los ámbitos profesionales. Luego, en el tercero se establece que constituyen principios rectores de todas las actividades judiciales, procesales y penales respetar y garantizar “la expresión, comunicación e informaciones según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos humanos y la Convención sobre los Derechos Humanos y Políticos”.

Finalmente, que están exentos de responsabilidades quienes informaren o difundieren sobre cualquier manifestación de asuntos de interés público, salvo una mala intención informativa conocida en la doctrina como un caso de ‘real malicia’.

En ninguna parte de esa legislación se utilizan los esotéricos adjetivos de que la información debe ser ‘veraz y verificada’ y mucho menos se establecen Consejos Políticos de juzgamiento de los contenidos que contrarían los elementales principios universales de la libertad de expresión.

Es probable que para nuestro medio político -acomplejado y de baja estima-, esta normativa se  considere muy moderna y extraña a nuestra peculiar idiosincrasia. Sin embargo, hasta que lo supriman tenemos el derecho a conocer por cualquier medio los ‘patiñovideos’, los maquillajes constitucionales de última hora en Carondelet, los enredos del cuarto puente en Guayaquil o la gestión petrolera de la armada así no vivamos en Montevideo, Punta del Este o Colonia del Sacramento.

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