13 de September de 2009 00:00

Ley de universidades

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Iván Carvajal

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Si una revolución necesitamos es la educativa y cultural, no solo el cambio de las “instituciones perversas” (Hernán Malo).

Al contrario de lo que repite la propaganda, para cambiar las universidades hay que comenzar por reconocer su positiva diversidad y los problemas de su heterogeneidad. Así como hay buenas, las hay muy malas. Existen en ellas investigadores de primera línea, mientras que el Estado incumple su responsabilidad
en el campo de ciencia y tecnología, aun si reconocemos lo hecho por Senacyt en el último año.

Hay médicos y técnicos ecuatorianos exitosos en el extranjero, académicos en universidades norteamericanas, y hay profesionales desocupados. Esto, por lo demás, sucede en todas partes.

El Gobierno de la  ‘revolución ciudadana’ no ha ofrecido una propuesta estratégica para la educación y la cultura. ¿Cuáles son sus postulados para la educación superior? Salvo la gratuidad en la universidad pública, no hay novedad en la nueva Constitución. Autonomía responsable, calidad, pertinencia, integralidad, cogobierno, articulación con el desarrollo nacional, o son principios liberales que vienen desde la reforma de Córdoba (1918) o son aspectos recogidos en la Constitución del 98, la ley y   normas vigentes.

La inequidad no está en el ingreso a las universidades sino al inicio del sistema educativo, pues los sectores más pobres  son excluidos muy pronto de la escuela o no tienen acceso a una buena educación. La mayor parte de jóvenes que terminan la secundaria tiene dificultades en el manejo de lenguajes, matemáticas, lógica.

El proyecto  de la Senplades parte de discutibles prejuicios. Pretende una subordinación del sistema al Ejecutivo y no la “articulación”, como dice la Constitución.

No incorpora nuevas posibilidades de gestión universitaria; por el contrario, transmite los problemas de gobierno de las universidades públicas a las privadas.

Confunde el papel del administrador universitario (rector) con el papel del científico. Postula como norma lo que debe ser acción de Gobierno: si se quiere que el profesor titular tenga PhD, hay que preparar en la próxima década 5 000 doctores, por tanto se necesita becar a jóvenes, sustituir profesores mientras hagan doctorados y mejorar sustancialmente los sueldos y proveer de fondos de investigación.

Para eso no se necesita ley sino acciones del Gobierno. Pero ¿se requieren tantos doctores en todas las áreas o algunos en áreas estratégicas? La Ley tendrá además que solventar  el dislate de la vigésima transitoria de la Constitución, puesta por quienes no tienen idea de lo que es acreditación universitaria.

Ello obliga a la Asamblea a escuchar al sector universitario en el trámite de la Ley.
Columnista invitado.

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