‘Esta Ley no persigue a personas, sino a capitales’

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habla de la Ley de Recuperación de Capitales que presentará en el Legislativo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habla de la Ley de Recuperación de Capitales que presentará en el Legislativo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habla de la Ley de Recuperación de Capitales que presentará en el Legislativo. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

Hoy, a las 09:00, la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, presentará el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, que pretende resarcir al Estado bienes de procedencia dolosa, sobre todo por temas de corrupción.

¿De qué se trata este nuevo proyecto de Ley?

Esta Ley de Recuperación de Capitales, como la hemos llamado, busca habilitar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de recuperación de recursos y capitales mal habidos, fundamentalmente. No se contradice ni reemplaza a los procesos jurídicos normales, en tanto que ocupa la viabilización de quienes se encuentran involucrados en procesos dolosos de fondos públicos, para que den información de dónde se pueden localizar esos capitales y evitar los procesos de judicialización.

¿Cómo funcionaría una vez aprobada?

Lo otro es que la ciudadanía, en su conjunto con equipos técnicos especializados en temas jurídico-financieros puedan hacer, bajo la supervisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una localización de los capitales y luego, obviamente, un trámite para la devolución de los mismos.

¿En qué se diferencia con la ley de exterminio de dominio?

Este mecanismo puede complementar estos temas cuando alguien obtiene información. No es una propuesta que persigue personas, sino que persigue capitales provenientes de actividades ilícitas. Y como consecuencia de esto podría empatar con el tema de la extinción de dominio de bienes. Es decir, no se contradicen, pueden ser complementarias.

¿En qué sentido pueden ser complementarias?

En el hecho de que si existe un proceso judicial abierto de una investigación y, a través de esta Ley de recuperación de capitales se determina que ciertos recursos son parte de ese proceso, puede más bien abonar herramientas para que ese proceso sea más sólido en su investigación y en los resultados que se alcancen.

¿Ha habido experiencias en otros países con leyes similares?

Hay jurisprudencia similar en otros países. Nosotros la hemos revisado y realmente sí son mecanismos que permiten obtener devoluciones, incluso en un momento hasta voluntarias de quienes están involucrados y prefieren, a cambio de ciertas negociaciones, entregar esta información y así entregar esos bienes al Estado.

¿Cómo será el seguimiento desde la sociedad civil de los casos para devolución de esos bienes mal habidos?

El Cpccs es el organismo que crea veedurías. Tiene que ser una veeduría registrada que haga el seguimiento de todos estos procesos. Además, tiene gran nivel de responsabilidad porque las fuentes, los datos que aquí se proporcionen, tienen que estar muy pegados a la realidad y con protección de las personas que provean esa información.

¿Es decir que esto funcionaría como si fuera una delación?

La delación ya es parte de un proceso judicial abierto. En este caso es un mecanismo de información que puede ser complementario a los procesos judiciales que están en marcha.

¿Cómo fue la investigación de otras leyes en el extranjero y cómo la adaptaron para Ecuador?

Nosotros lo hemos adaptado bastante bien a la realidad del país, con las bases jurídicas de normas en otros países, como por ejemplo de Argentina. Tuvimos un equipo de abogados. No es una ley larga, es una ley corta, y la hicimos en un mes de análisis, investigación y revisión.

¿Qué dicen otros organismos de control estatal acerca de esta iniciativa para recuperar bienes?

Esta es una propuesta que estoy planteando, pero que todavía puede tener aportes y modificaciones. Pero de arranque estaría concebida dentro de parámetros legales y, además, procesos que respetan procedimientos existentes de control.

¿Cuánto tiempo tomaría en la Asamblea Nacional el trámite de aprobación de su propuesta ?
Esta ley no estuvo dentro del cronograma propuesto. Aspiro a que entre debates podamos sacarla en unos tres meses. Hay que hablar con la Comisión. No sé si es en la de Justicia (presidida por Marcela Aguiñaga, de Mana), hay que ver. O en la de Participación Ciudadana (presidida por Héctor Yépez, Suma).

Usted ha dicho que no es una ley punitiva...

No persigue a la persona sino a los capitales...

¿Qué significa eso?

Que se hace el seguimiento del capital que proviene de actividades que no han sido lícitas.

¿Hay un ponderado de cuánto se puede recuperar con esta Ley?

Cualquier cifra que entre en función desde este mecanismo, de esta Ley, va a ser un aporte para las necesidades y cumplimiento de todos los objetivos del país.

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