Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO
La Ley de Reactivación Económica se publicó, el viernes 29 de diciembre del 2017, en el Registro Oficial para que entre en vigencia desde el 1 de enero del 2018.
La reforma que fue enviada por el presidente Lenín Moreno, el pasado mes de noviembre, tuvo un controvertido debate en la Asamblea.
El pasado 27 de diciembre, el Legislativo definió el veto parcial. En el debate, los asambleístas se allanaron a tres de los cuatro grupos de objeciones enviadas por el Ejecutivo.
El cambio principal es que el Banco Central del Ecuador (BCE) dejará de abrir cuentas de dinero electrónico.
La iniciativa legal, propuesta por el Ejecutivo, establece que el BCE deje de administrar de forma exclusiva este sistema y pase al sistema financiero privado, que será el único autorizado para manejar medios de pago electrónicos. El Central solo efectuará tareas de control y supervisión.
Otra modificación corresponde a la corresponsabilidad del BCE y la banca privada en la liquidez de la economía, que con la reforma ahora será excepcional.
En cuanto a las reformas tributarias, la Asamblea se allanó a la propuesta del Gobierno.
Una de ellas ese el incentivo de exoneración del impuesto a la renta (IR) durante tres años a las nuevas microempresas, que según la Ley, aplicará siempre que generen empleo neto e incorporen valor agregado nacional en su proceso de producción.
También, la reducción de 10 puntos del IR por reinversión de utilidades ahora se aplicará para el sector productivo, turístico y los exportadores habituales.
La Asamblea se ratificó en un grupo de cambios, en el cual se eliminan las deudas adquiridas en el exterior por migrantes ecuatorianos.
Los asambleístas mantuvieron la disposición general para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca, mediante resolución en un plazo de 45 días, la reducción de los costos de servicios financieros.
Para el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el proceso de debate y discusión para la aprobación final de la Ley de Reactivación Económica, fue muy político.
De la Torre señaló que la Asamblea realizó más cambios de forma que de fondo, que no afectaron la esencia de la norma para el impulso económico, principalmente de micro y pequeñas empresas.