20 de septiembre de 2019 00:00

Ley propone incluir en la malla curricular la educación digital

El Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó el proyecto a  César Litardo, titular de la Asamblea.

El Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó el proyecto a César Litardo, titular de la Asamblea. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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María Vanessa Silva
Redactora (I)

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Multas económicas y hasta sanciones judiciales se aplicarán a las empresas que hagan mal uso de datos de los ciudadanos. Estos temas son parte de las acciones planteadas en el proyecto de Ley de Protección de Datos que el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó el pasado jueves 19 de septiembre de 2019 a la Asamblea.

Quienes posean bases de datos sin autorización de las personas y realicen actividades con ellas, serán notificados con medidas correctivas. Si esas acciones no se cumplen, la autoridad pertinente aplicará una multa del 17% de los ingresos totales del negocio.

Si la situación se agrava se procederá a la suspensión definitiva de la actividad, seguido de una reparación integral a los afectados. Y, por último, se aplicarán acciones penales, civiles y administrativas.

El documento fue presentado cuatro días después de que el 16 de septiembre pasado se hiciera pública la masiva filtración de datos que compromete información delicada de 20 millones de ecuatorianos, entre ellos, 6,7 millones de niños y fallecidos. Por este hecho se investiga judicialmente a la firma ecuatoriana Novaestrat.

Según Michelena, la iniciativa fue difundida los últimos seis meses a sectores de la sociedad civil, academia y empresas. Hasta el cierre de esta edición, el texto completo de la Ley no fue difundido.

Detalle de los datos robados


La legislación acabará con el mercado oscuro de bases de datos, pues las empresas estarán obligadas a informar cómo obtuvieron los datos. Se incorporan más derechos para el usuario, aseguró Michelena.

En ese sentido, todas las llamadas telefónicas que realicen empresas a personas deberán tener la autorización previa del ciudadano para ser contactados, de lo contrario se aplicarán sanciones, según el caso.

Michelena dijo que ya se creó una plataforma en donde los ciudadanos pueden expresar su deseo de no recibir llamadas u otro tipo de comunicaciones por parte de negocios. Esta lista deberá ser acatada por los establecimientos.

Las personas que aparecen en una base de datos, sin importar cómo llegaron a ella, pueden solicitar su desafiliación mediante un pedido informal a la institución. El usuario también puede presentar una demanda en caso de incumplimiento.

La medida aplica para empresas de todo tipo, entidades sociales y partidos políticos.

Otra propuesta es incorporar en la malla curricular de escuelas y colegios la materia de educación digital, mencionó Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinardap). Para ello se coordinará con el Ministerio de Educación.

La iniciativa busca construir una cultura de protección para niños, niñas y adolescentes. La idea es que los menores de edad sepan, desde pequeños, que no pueden ser fotografiados sin su autorización o contactados por extraños, adelantó Naranjo. Las empresas también deberán adoptar nuevos protocolos para capacitar a sus públicos internos y externos sobre manejo digital.

El derecho al olvido es otra propuesta en el proyecto. Consiste en que una persona podrá solicitar que se elimine de las redes sociales y motores de búsqueda aquellos datos que puedan vulnerar su intimidad.

La legislación plantea contar con un Registro Nacional de Protección de Datos, con un sistema preventivo para mitigar riesgos, sistema de responsabilidad, régimen sancionatorio, entidades certificadoras, y un sistema de manejo de responsabilidad.

Naranjo explicó que se creará una entidad autónoma, dirigida por funcionarios públicos, para el tratamiento y resguardo de los datos. Se evalúa si esta nueva dependencia será producto de una transformación de la Dinardap.

Las autoridades indicaron que el proyecto de Ley sigue el modelo europeo y que “es garantista” en el sentido de que aboga por la protección de los derechos personales como un derecho del ciudadano -y no de las empresas.

Venezuela y Bolivia, Ecuador es el tercer país de la región que no posee una norma que proteja los datos de los ciudadano, pese a que el país reconoce este derecho desde hace 12 años, cuando fue incorporado en la Constitución.

Consejos

Prevención. Evite entregar sus datos por llamadas o mail, en especial de tarjetas de crédito.

Aplicaciones. Antes de descargar una ‘app’, lea los términos para saber qué uso tendrán sus datos.

Entrega de datos. Consulte en los establecimientos comerciales qué uso darán a su información personal.

Call center. Consulte con los ‘call center’ cómo obtuvieron sus datos, qué tipo de información disponen.

Clave. Se aconseja cambiar cada tres meses las claves de ingreso a información bancaria, correos, etc.

Datos bancarios. Las instituciones financieras no piden datos por teléfono ni correo.

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