Redacción Política
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La Presidencia de la República quiere sumar una nueva tarea al Consejo de Participación Ciudadana: vigilar los procesos de rendición de cuentas de los medios de comunicación del país.
Sin embargo, esa potestad será atribuida a un organismo que es cuestionado, incluso antes de que empiece a trabajar. Luis Morales, presidente de la Comisión que redactó la Ley de Participación Ciudadana, aseguró ayer que la integración del Consejo ha despertado dudas por la inferencia de los partidos políticos en la elección de sus nuevos integrantes.
Sobre medios públicos
Los medios de comunicación públicos y comunitarios están obligados a difundir programas de derechos y deberes ciudadanos, el buen vivir, de participación ciudadana y de control social. Esta es otra disposición del veto del presidente Correa.
La creación y funcionamiento de los medios públicos es un tema que está en la agenda de la Comisión de Comunicación. Está previsto que ese equipo termine el proyecto de ley de Comunicación hasta el 5 de abril.
La Comisión de Comunicación se reune a las 08:00. Seguirá el debate sobre los medios públicos y se definirá el cronograma de trabajo para redactar la Ley.
Andrés Páez (ID) y Lenin Chica (Prian) aseguraron que en ese proceso de selección se trató de beneficiar a ciertos movimientos políticos. Específicamente se habla de Alianza País y del MPD.
En ese sentido, César Ricaurte, de Fundamedios, sostuvo que el Primer Mandatario violó las normas del derecho a la libertad de expresión y de prensa, porque intereses políticos estarían detrás de que los medios de prensa rindan cuenta a la ciudadanía.
Esa intención presidencial está incluida en el veto a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El cuerpo legal fue aprobado por la Asamblea el 2 de febrero pasado y enviado al Ejecutivo para que sea analizado y objetado.
El texto del Legislativo no incluía a los medios de comunicación dentro del proceso de rendición de cuentas. No obstante, para el Presidente, las empresas de información, aunque sean privadas, prestan un servicio público como el de la comunicación.
Por eso, sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones”.
Según el veto presidencial, el Consejo de Participación deberá regular la diligencia de rendición de cuentas. Por ejemplo, podrá “establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para que las empresas informativas cumplan con esta obligación legal, una vez al año”.
La intención del presidente Rafael Correa es que cualquier persona o un grupo social pueda convocar a los medios para conocer y vigilar cómo es su trabajo.
En ese sentido, el Consejo deberá crear las reglas y vigilar que se cumpla con ese procedimiento.
Adicionalmente, según la propuesta del Ejecutivo, el Consejo no tendrá límites para elaborar estos parámetros para la rendición de cuentas. Por ejemplo, pueden ser incluidos temas de contenido, de presupuesto, personal y acciones de los medios.
En la ley que aprobó la Asamblea, la figura de la rendición de cuentas tenía el objetivo de vigilar las acciones de las autoridades estatales o empresas privadas que manejan dineros públicos. Sin embargo, para el presidente Correa, los medios de comunicación también deben estar obligados a entregar esos reportes.
No obstante, para incluir a los medios dentro de esta normativa el Presidente cambió varios artículos. Por ejemplo, propuso que los representantes legales de los medios (al igual que los funcionarios públicos o gerentes de empresa que manejen fondos estatales) estén obligados a someterse a ese proceso de evaluación y a informar a la ciudadanía de las acciones de las empresas a su cargo.
Los representantes legales que no acudan a esta rendición de cuentas podrán ser sancionados por el Consejo de Participación Ciudadana. Según Correa, para esta decisión se tomará en cuenta la norma especial del Consejo.
Asimismo, en ese cuerpo legal (en el artículo 11) solo se habla de funcionarios públicos.
Específicamente señala que los funcionarios que no acudan a la rendición de cuentas serán indagados por la Contraloría. También se autoriza al Consejo a realizar un monitoreo de la información entrega por las instituciones. Y a enviar recomendaciones.
Los asambleístas tendrán hasta el 3 de abril para debatir en el Pleno y deberán contar con 82 votos para insistir en su texto original. En el caso de que no consigan esos votos el veto presidencial entrará en vigencia.
Hasta ayer, este tema no fue tratado en la Legislatura. El debate del Código Orgánico Territorial, el posible juicio al Fiscal de la Nación y la aparente división de Alianza País tenían la atención.