29 de octubre de 2019 00:00

Ley de la mujer aún se aterriza en el país

Doris Calle, médica legal, chequea a mujeres víctimas de agresión. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Doris Calle, médica legal, chequea a mujeres víctimas de agresión. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Valeria Heredia

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El miércoles pasado, casi a las 07:45, Camila (nombre protegido) iba a visitar a su madre. Intentó salir de su casa, pero su pareja se lo impidió. Un golpe en el ojo y otro en el pómulo la hicieron tambalear. Logró huir y llamó a la Policía. El hombre fue detenido.

En la audiencia de formulación de cargos, que se dio el jueves, la joven de 22 años lucía asustada; su voz temblorosa la delataba. “Mi esposo me agredió”, repitió frente al juez de la Unidad de Flagrancia.

En Quito hay una sala especializada en temas de violencia a la mujer. Camila, por ejemplo, debió pasar por el área de primera acogida, en donde recibió información sobre sus derechos. Luego fue al consultorio médico. También habló con el psicólogo forense y con el trabajador social.

Estas adecuaciones se hicieron tras la promulgación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, vigente desde febrero del 2018.

Con esta norma se buscó crear un sistema de protección de derechos para atender, proteger y reparar a víctimas. Para ello se estableció la elaboración de un Registro Único de Violencia contra las Mujeres. Se trata de un listado georreferenciado, con datos de identificación de las víctimas que presentan denuncias. Su diseño arrancó en junio y se prevé que esté listo en diciembre.

En el país no hay registros unificados sobre femicidios. Alianza para el Monitoreo y Mapeo, que engloba a cinco organizaciones sociales, habla de 62 femicidios entre el 1 de enero y el 8 de agosto. Y desde el 2014 suman 684 fallecidas. Es un femicidio cada tres días. Pero organizaciones del Estado tienen cifras menores.

También se ha avanzado en la creación de juntas cantonales y se ha acelerado la entrega de medidas de protección. Camila obtuvo el documento el día de la audiencia para que su expareja no se le acerque. Es uno de los avances que destaca la abogada Mayra Tirira.

Ella es integrante de Fundación Surkuna, que trabaja con mujeres que viven estos hechos. Aunque -reconoce- en la mayoría de casos no se cumple el proceso con celeridad.

La consolidación de las juntas cantonales fue una prioridad de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia. Entre mayo y agosto se crearon 15 nuevas. Son espacios en donde, como ocurre en Quito, las mujeres cuentan con un punto especializado para las denuncias. Además, se fortaleció a 83 consejos de Protección de Derechos.

También se abrirán nueve casas de acogida hasta fin del presente año, señaló la extitular de esta entidad, Rocío Rosero, quien renunció al cargo el viernes 18. “Hay un acuerdo con 163 autoridades locales para fortalecer los sistemas especializados”, aseguró.

En Cuenca, la organización Aequitas, que trabaja con víctimas de violencia, es parte de la comisión para armar el reglamento a la Ley en esa ciudad.

Su presidenta Maidy Zabala y otras activistas conformaron un equipo para su construcción. “Todavía hay una deuda del Estado, que se traduce en la falta de consolidación de cifras para poder trabajar en acciones más concretas”.

En este espacio participa Arllín Durán, de 42 años. Ella fue víctima de agresión física y psicológica de parte de su expareja y padre de sus seis hijos.

Las agresiones empezaron desde el inicio de su relación, es decir, cuando tenía 18. Recuerda que se separó cuatro veces, pero volvía. “Le tenía mucho miedo; me chantajeaba”. La última vez, los golpes fueron demasiado fuertes.
“Casi me mata”. Para huir del maltrato tuvo que “armar un plan y escapar con sus hijos”.

Han pasado 10 años y aún está en terapia para superar el impacto de la violencia. Hoy se siente mejor . Es emprendedora y ayuda a otras mujeres.
En la norma también se incluyó una reparación a las víctimas. En las disposiciones transitorias se contemplan varios mecanismos como la rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa, para víctimas directas e indirectas. El Ministerio de Inclusión (MIES) empezó a dar un bono a hijos de víctimas siempre que exista una sentencia.

Otra deuda -dice Tirira- es que en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) no constan sanciones para la violencia política u obstétrica.

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