Ley de medios: ¿y la buena fe?
Marco Arauz Ortega. Subdirector
El oficialismo legislativo se resiste a avalar con sus firmas el acuerdo para lograr una ley de Comunicación sin énfasis punitivo y sin dependencia del Ejecutivo.
La falta de ese, que parece un simple trámite, sería lo de menos si ya estuviera claro el itinerario que seguirá el proyecto en la comisión especial antes del segundo debate.
Tal como están las cosas, ese espacio no es una garantía para que se trabaje en un texto alternativo que recoja las objeciones de fondo al proyecto inicial, que adolece de muchas fallas. Para empezar, porque quien preside la comisión no constituye ni una garantía política ni una garantía técnico-jurídica para lograr un cuerpo legal sensato.
Por ahora, el oficialismo ha tomado la iniciativa y la oposición se ha quedado rezagada en las propuestas que deberán ser analizadas por los comisionados. Pero sería una ingenuidad que quienes esperan cambios a la propuesta oficial se crucen de brazos bajo el supuesto de que el nuevo texto respetará los siete puntos del acuerdo legislativo.
Por ejemplo, ya se escuchan iniciativas peregrinas como la regulación de la cantidad de publicidad, tema totalmente ajeno a los debates de estos meses y que afectaría gravemente a los medios a partir de prejuicios ideológicos. Esas acciones no son muestras de buena fe por parte de Alianza País, si finalmente su pretensión es, como se sigue asegurando, una ley de consenso.