Marco Arauz Ortega. Subdirector
El ambiente optimista e incluyente que reinaba hace algunas semanas en la comisión encargada de redactar el proyecto definitivo de la Ley de Comunicación finalmente se evaporó .
La forma en que actúa la mayoría gobiernista de esa comisión confirma lo que es un secreto a voces: que ningún debate puede salir de las pautas preestablecidas y que el Gobierno sigue convencido de que es preferible asegurar el control político en el mediano plazo que aprobar legislaciones de larga vida.
Esta visión, que ya se ha aplicado en leyes referidas a otros ámbitos cruciales, se está aplicando también a rajatabla con el objetivo de controlar a los medios privados, identificados en el mapa mental de los actuales gobernantes como los generadores de la ideología que hay que sepultar.
¿Hasta dónde están dispuestos a ir? Al parecer, “hasta las últimas consecuencias”. No en balde el proyecto de ley es considerado, desde la visión externa, uno de los más peligrosos de los que circulan en los países cuyos gobernantes identifican a los medios como el enemigo a derrotar.
Si bien hay cambios, se insistirá en un consejo de comunicación dependiente del Ejecutivo, que formulará las políticas y resolverá las controversias. Seguramente se encargará de imponer las sanciones administrativas derivadas de la aplicación del concepto de responsabilidad ulterior.
Se insistirá en el registro de medios y en el derecho a la réplica, que podrá usarse como arma para coartar el trabajo periodístico. En suma, se intenta dejar a los medios privados en manos del poder político y judicial, el mayor sueño de un gobierno controlador. Los comisionados pueden estar tranquilos: cumplirán su misión… y en tiempo récord.