Sindicatos, gremios empresariales, organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo acudieron ayer a una audiencia. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Cuatro meses después de entrar en vigencia, la Ley de Apoyo Humanitario está en revisión en la Corte Constitucional (CC) y en la Asamblea. Las discusiones giran sobre los mecanismos de flexibilidad laboral por la crisis.
La norma acumula en la Corte 23 demandas de inconstitucionalidad. Ayer 29 de octubre del 2020 se realizó la primera audiencia pública. Además de los demandantes, otras 30 personas pidieron participar con el recurso de amicus curiae.
En la diligencia se evidenciaron tres grupos. Uno de estos compuestos por sindicalistas y organizaciones sociales como el FUT, CUT y Parlamento Laboral, en contra de las medidas de flexibilidad laboral que incluye la Ley, entre ellas la reducción de la jornada laboral.
Estos grupos solicitaron que declare inconstitucional esta Ley desde el artículo 16 hasta el 20 de la norma.
A esta visión se unió el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien señaló que este cuerpo legal crea precariedad e inequidad para los trabajadores del país, y que a la vez restringe los derechos en materia laboral.
En un segundo grupo se presentaron abogados del Comité Empresarial Ecuatoriano y otros gremios de la producción para pedir que se declare inconstitucional la disposición interpretativa única al artículo 169 del Código del Trabajo sobre los despidos por causa fortuita o por fuerza mayor.
“¿Cómo afecta esta disposición a los derechos de los trabajadores?”, inquirió el juez sustanciador de la causa, Alí Lozada, al abogado de Expoflores, Édgar Neira. Este dijo que la Asamblea Nacional no tenía atribución para incluir el texto que atenta a la seguridad jurídica.
Neira adujo que esto condiciona la terminación de los contratos laborales al cese total y definitivo de las empresas, cuando algunas debieron ajustar su nómina para seguir funcionando y preservar el derecho al trabajo de muchos empleados.
Asimismo, Emilio Gallardo, abogado del Comité Empresarial, pidió que también se declare como inconstitucional al inciso segundo del artículo 17 de la ley, que incrementa el cálculo de la indemnización en caso de que un juez determine una aplicación injustificada de la causal de fuerza mayor.
También se presentó el asambleísta alterno del correísmo Luis Molina, para pedir a la que Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición con la que se suspendió el pago de las pensiones vitalicias a exmandatarios que no terminaron su período, o que tienen sentencias. Aseguró que en el caso del expresidente Rafael Correa se aplicó de forma retroactiva. El equipo de Molina rechazó que no le permitieran participar en esa audiencia al candidato presidencial de Unes, Andrés Arauz.
La diligencia continuaba hasta el cierre de esta edición y se tenía prevista la participación de un tercer grupo, conformado por los delegados de la Asamblea, la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General.
El director de la asesoría jurídica del Ministerio, Byron Valarezo, y Jaime Muñoz, abogado del Parlamento, argumentaron que la ley no vulnera derechos laborales, y que se trata de una medida “temporal” y “equilibrada para enfrentar la crisis”. Muñoz pidió que estas causas sean archivadas.
Por otra parte, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización arrancará en noviembre una investigación sobre la reprogramación de líneas de crédito con entidades del sector financiero y no financiero, que también se contemplan en esta Ley Humanitaria.
La resolución se tomó en el Pleno, el miércoles pasado tras una comparecencia de dirigentes de los transportistas, quienes denunciaron que los bancos y las cooperativas incumplen la Ley Humanitaria, obligándoles a pagar “interés sobre interés” de sus deudas.
La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, quien también presentó un informe vía telemática a los asambleístas, se comprometió a revisar estas denuncias.
Además, la Asamblea y el Ejecutivo decidieron conformar una mesa interinstitucional para revisar la aplicación del reglamento a la Ley Humanitaria, en lo que tiene que ver a la estabilidad laboral de los salubristas durante la emergencia.
Tanto el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, como el de Trabajo, Andrés Isch, señalaron que el problema ocurre por falta de recursos para las distintas partidas.
