1 de octubre de 2019 12:05

Ejecutivo presentó proyecto de Ley de Extinción de Dominio en la Asamblea

Iván Granda entregó a César Litardo el proyecto de Ley de Extinción de Dominio en la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Iván Granda entregó a César Litardo el proyecto de Ley de Extinción de Dominio en la Asamblea Nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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El anteproyecto de Ley para la Extinción de Dominio llegó a la Asamblea Nacional la mañana de este martes 1 de octubre del 2019. El documento fue entregado por el secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda.

La normativa cuenta con 60 artículos. Su objetivo, según el funcionario, es regular el proceso de extinción de dominio a favor del Estado sobre los bienes de procedencia y destino, relacionados con ciertas actividades ilícitas.

Actualmente, explicó Granda, solo una sentencia ejecutoriada de un juez competente establece el proceso para la recuperación de activos. "Este es un proceso absolutamente excepcional". Granda recordó que el Estado ha recuperado cerca de USD 18,5 millones producto de actos ilícitos, aunque reconoció que es "poco frente a la corrupción que campeó".

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio cuenta con 60 artículos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio cuenta con 60 artículos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


Los artículos de la normativa contemplan una investigación fiscal que "establece un procedimiento para que todos los delitos que estén vinculados a narcotráfico, crimen organizado y corrupción o temas aduaneros, puedan ser sometidos al proceso de extinción de dominio cuando no se puedan justificar esos bienes", explicó Granda.

El presidente de la Asamblea, César Litardo, manifestó que todas las iniciativas para luchar contra la corrupción “son bienvenidas” y conminó a los legisladores a darle un tratamiento prioritario al anteproyecto.

Litardo también refirió que actualmente en la Ley consta el Comiso Anticipado de Bienes, que fue aprobado dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que está a la espera del veto presidencial.

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