La renovación de la cabeza de la Comisión Ocasional de Comunicación y una nueva prórroga da al Ecuador un respiro y a la democracia ecuatoriana una oportunidad de oro para preservar el derecho esencial de la libertad de expresión.
Recogiendo las voces diversas, los legisladores oficialistas deberían despojarse de los fundamentalismos y aún la necedad que evidenció la conducción del proceso legislativo y dar paso a una Ley abierta, democrática que preserve lo fundamental: el derecho de la gente a expresarse por cualquier medio.
Se trata de un derecho que va más allá de la libertad de prensa y alcanza una condición suprema de la naturaleza humana, el derecho a pensar y a decir lo que se piensa.
El debate ha sido largo, ha desgastado a la sociedad en posturas radicales y no ha aportado a mejorar sino a retroceder en principios universales.
Las más importantes declaraciones de derechos de la historia planetaria promueven la libertad de expresión. Ese principio es categórico desde la proclama de la Revolución Francesa, cuando los padres de la Patria Norteamericana establecieron su carta, cuando las Naciones Unidas formularon su declaración universal y cuando se aprobaron convenios como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Ecuador es suscriptor de tales convenios internacionales y la norma constitucional reconoce su prevalencia.
Es la oportunidad para evitar una ley que suprima el control del Ejecutivo sobre la prensa libre, que se respete la palabra empeñada en el acuerdo legislativo de diciembre, que limpie los intentos de sanción y censura previa.
El país necesita una ley que promueva el equilibrio, el pluralismo, la libertad, sagrada condición humana.